Un juzgado de Bilbao ha condenado a una empresa a pagar una indemnización de 449.806 euros a la familia de un trabajador autónomo que falleció por un mesotelioma contraído por su exposición al amianto durante su vida laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso interpuesto por Uralita contra una sentencia de 2015 de la sala 4 del Juzgado Social de Barcelona que condenó a la empresa a abonar 342.142 euros por daños derivados de una enfermedad profesional.
El sindicato CCOO ha exigido a la Administración que elabore una estrategia estatal para identificar e inventariar el amianto que hay instalado, así como redactar un informe exhaustivo que contabilice a los enfermos afectados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a pagar 700.000 euros de indemnización a la familia de un trabajador que falleció por exposición al amianto.
La organización afirma que los millones de toneladas de amianto instalado en edificios hacen que cualquier intervención en estructuras construidas con antelación a 2001, fecha de la prohibición del amianto en España, sea susceptible de riesgo de exposición para los bomberos.
La Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía (Avida) ha recibido con alegría el pronunciamiento del TSJA respecto del primer juicio colectivo de Andalucía en reclamación de daños y perjuicios por los daños causados a extrabajadores de la antigua fábrica de Uralita en Sevilla.
CC.OO.-Aragón ha celebrado la jornada El amianto un problema social. Esta iniciativa pretende concienciar de la peligrosidad de este producto.
Un juez de Barcelona ha reconocido como enfermedad profesional el cáncer de esófago que causó la muerte de un un trabajador que había trabajado desde hacía 20 años en la fabricación de amianto.
El trabajador falleció a los 54 años tras luchar contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2014. Era electricista y jefe de taller en Renfe, donde, presuntamente, contrajo la enfermedad por inhalación de amianto.
Desde el descubrimiento de la existencia de amianto en diversos materiales frecuentes en los colegios, la comunidad educativa está en pie de guerra en su reclamo para eliminar y sustituir cualquier cubierta o elemento que contenga dicha sustancia.
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