La Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente sancionador contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tras detectar irregularidades en la acreditación documental de la retirada de amianto en las cocheras de Fuencarral, en noviembre de 2017.
Según ha comprobado la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, dependiente de la Comunidad de Madrid, la empresa pública que preside Inés Sabanés (Ahora Madrid) presentó documentos contradictorios acerca de cómo se deshizo del peligroso material, donde consta un baile de cifras de la cantidad eliminada de hasta 600 kilos de diferencia. Tampoco coinciden las fechas del traslado. Como figura en el expediente, los hechos son constitutivos de una infracción grave prevista en el artículo 46.3. d. De la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Podría acarrear una multa de hasta 300.000 euros.
Este procedimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se lleva a cabo tras la denuncia que interpuso la sección sindical CSIT Unión Profesional (CSIT-UP) el 20 de noviembre de 2017 «por incorrecta gestión del fibrocemento». Los hechos se remontan al día 7 de ese mes. La empresa Elecnor S.A. había sido contratada para realizar labores de acondicionamiento y mejora en las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral de la EMT, situado en la calle Mauricio Legendre, 42.
Aquel día se estaba actuando sobre una cubierta de los talleres de las cocheras y cortaron el techo. Cuando se secciona la uralita, las fibras que se desprenden son altamente cancerígenas y, en ese momento, 322 personas, según el sindicato, estaban en la zona y pudieron inhalar el amianto. A día de hoy, tienen que seguir con controles médicos cada cuatro años para saber si su sistema respiratorio tiene este «veneno». Desde la EMT negaron en abril que lo hubieran respirado porque, como manifestó el gerente, Álvaro Fernández Heredia en comisión, procedieron a cerrar las instalaciones
La presunta imprudencia no quedó ahí. Los operarios externos tiraron una plancha de asbesto rota en un contenedor del centro. Un trabajador de la EMT se encontró el amianto en el cubo y avisó al departamento de salud laboral de CSIT-UP. El sindicato alertó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Cuando los agentes ambientales acudieron ya no estaba el residuo. Sin embargo, tal y como se relata en el expediente sancionador, el 4 de diciembre de 2017 el Seprona constató que se había generado fibrocemento en las obras de la EMT y reseñaron algunas irregularidades cometidas en cuanto a la acreditación de su gestión.
El 14 de febrero de 2018 se emitió informe por el Área de Planificación y Gestión de Residuos detallando algunas incongruencias en la documentación aportada por la EMT para justificar el procedimiento. El ente dependiente del Ayuntamiento de Manuela Carmena entregó durante la inspección la solicitud de admisión, documento de aceptación, contrato de tratamiento de residuos y el documento de control y seguimiento.
En este último papel, se especificaba una cantidad retirada de 722 kilos. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2017 se presentó en la Consejería de Medio Ambiente un formulario sobre la notificación previa del traslado para que el transporte se llevara a cabo el 16 de noviembre de aquel año; ahí señalaban 100 kilos.
Además, existen datos contradictorios en los apuntes sobre el acondicionamiento del amianto transportado. En el albarán de retirada, con fecha del transporte 16 de noviembre de 2017, figuran 722 kilos; en otro albarán de retirada con la misma fecha aparecen como 100 kilos; en la carta de porte para el transporte se detallan como mercancías peligrosas 600 kilos de «residuo amianto». El Gobierno regional también destaca que en el documento del contrato de tratamiento de residuos figuraba la fecha 17 de noviembre de 2017, un día después del porte.
Como argumentación ante las deficiencias, la empresa municipal de transportes presentó nueva documentación al requerimiento autonómico el 26 de febrero de 2018, pero a juicio de la Consejería «no justifica la correcta gestión del residuo peligroso», según informe del 27 de abril de 2018. Una de las conclusiones que emite el órgano regional es que la cantidad reflejada en la notificación previa de traslado (100 kilos) «es manifiestamente diferente a la cantidad que figura en el documento de control».
La EMT justificó el desfase de fechas en el hecho de que el traslado se realizó el 17 de noviembre de 2017, pero que «por error administrativo» la entrada se grabó el 16. Por lo tanto, dice la Consejería de Medio Ambiente, «el contrato de tratamiento, el documento de aceptación y la solicitud de admisión» tendrían una fecha posterior, el 17, al porte realizado, lo que incumple el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en España. Además, zanja la Comunidad, «se desconocen las condiciones de almacenamiento del residuo dentro del camión y la localización» del mismo esos días.
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