La Inspección de Trabajo ha levantado a Metro de Madrid cuatro actas de infracción y ha hecho más de 30 requerimientos a la compañía desde octubre de 2017 por incumplimientos de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales por la presencia de amianto en el suburbano.
La inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Carranza, ha ofrecido estos datos en una comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid.
La Inspección de Trabajo inició su labor para constatar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Metro de Madrid en octubre de 2017 tras la denuncia de un trabajador al que le fue diagnosticado un cáncer de pulmón por la exposición a este material potencialmente tóxico y que falleció hace poco más de un mes.
Entre las competencias de la Inspección de Trabajo en este asunto, “se encuentran las de requerir y levantar actas de infracción, que son resueltas por la Autoridad Laboral”, y, en este caso, se ha actuado y se han utilizado “todos los medios que la Administración tiene a su alcance”, ha explicado Carranza.
Ha detallado que las actas de infracción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se remiten a la Autoridad Laboral, que debe resolverlas, que en este caso es la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Hasta el momento, ha asegurado, la Inspección de Trabajo ha investigado cuatro casos de enfermedad profesional -dos de los enfermos han fallecido este año- por la exposición a fibras procedentes del amianto en el suburbano madrileño.
Carranza no ha aportado más detalles debido a que una de las actas de infracción de febrero de 2018 -relacionada con los casos de enfermedad profesional y por la que Metro fue sancionada con 191.000 euros por incumplir la normativa de seguridad- se ha remitido a la Fiscalía.
La inspectora ha manifestado que Metro de Madrid ha colaborado, como cualquier otra empresa, en un hecho tan importante, y “no ha habido un ápice de obstrucción” en la labor de la Inspección de Trabajo.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro, a partir de una denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el Metro de Madrid.
El Ministerio Fiscal justificó el comienzo de una investigación “teniendo en cuenta la peligrosidad de dicha sustancia que contiene agentes cancerígenos, unido a la presencia de enfermedad de un trabajador del Metro y al riesgo sufrido por otros trabajadores debido a su exposición al amianto”.
El consejero delegado de Metro de Madrid entre 2009 y 2015, Ignacio González Velayos, que también ha comparecido este viernes en la comisión de investigación, ha asegurado que “jamás” recibió informe alguno sobre la presencia de amianto en el suburbano y ha reconocido que “alguien, erróneamente, no informó correctamente en la cadena de mando a los diferentes responsables para tomar medidas”. González Velayos ha indicado que tuvo conocimiento de este problema cuando empezó “a aparecer en los medios de comunicación”.
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