El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que los servicios de salud de diez comunidades autónomas siguen sin poner a disposición de sus profesionales sanitarios de manera generalizada las mascarillas de protección FFP2.
Durante la última hora de votación, prevista para que voten los colectivos de personas en cuarentena, deberán usar equipos de protección individual (EPI) integrales de alta seguridad.
En los últimos meses de pandemia se han comenzado a ver imágenes en los medios de sanitarios que llevan doble mascarilla, así como personalidades públicas, como presidentes o entrenadores de fútbol.
La emergencia sanitaria derivada de la Covid19 redujo la disponibilidad de EPI, por lo que las autoridades europeas y españolas permitieron la comercialización excepcional de productos sin norma europea. A partir del 1 de enero, la única legislación aplicable al EPI es el Reglamento (UE) 2016/425 y la comercialización de productos sin marcado CE quedará al margen de la ley.
Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19.
La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET), presentó ante el Juzgado de lo Social de Teruel una demanda contra la administración sanitaria por incumplir con su obligación de dotar de equipos de protección individual.
El próximo 30 de septiembre de 2020 es la fecha a partir de la cual estos EPI comercializados sin marcado CE de forma excepcional y temporal, no podrán comercializarse más en España.
El Hospital Clínico ha sido uno de los centros que más ha acusado el Coronavirus entre sus empleados.
Cada vez más comunidades autónomas se van a sumar a la decisión de implantar el uso de la mascarilla de forma obligatoria. El centenar de brotes en España puede provocar que sea obligatorio en toda España, aunque se pueda mantener la distancia mínima de seguridad.
La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) denunció a la Administración y el juicio se celebró en plena pandemia mediante procedimiento telemático.
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