Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19.
La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET), presentó ante el Juzgado de lo Social de Teruel una demanda contra la administración sanitaria por incumplir con su obligación de dotar de equipos de protección individual.
El próximo 30 de septiembre de 2020 es la fecha a partir de la cual estos EPI comercializados sin marcado CE de forma excepcional y temporal, no podrán comercializarse más en España.
El Hospital Clínico ha sido uno de los centros que más ha acusado el Coronavirus entre sus empleados.
Cada vez más comunidades autónomas se van a sumar a la decisión de implantar el uso de la mascarilla de forma obligatoria. El centenar de brotes en España puede provocar que sea obligatorio en toda España, aunque se pueda mantener la distancia mínima de seguridad.
La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) denunció a la Administración y el juicio se celebró en plena pandemia mediante procedimiento telemático.
En su sentencia, el TSJ afea a la compañía la comisión de hasta tres infracciones graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante una vez termine el estado de alarma, siempre que no se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Entre las causas que Simón ha atribuido a este contagio entre los sanitarios ha esgrimido algunas, como “los dos o tres primeros brotes nosocomiales que afectaron más al personal sanitario”, junto a la dificultad del acceso a los equipos de protección individual (EPI).
En las últimas semanas, hemos asistido a un incremento excesivamente elevado a escala global en la demanda y uso de mascarillas quirúrgicas y mascarillas autofiltrantes contra partículas por parte de la población en general, como medida de protección contra el coronavirus.
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