El accidente laboral que sufrió un trabajador mientras cargada una máquina compactadora en un camión en 2009 constituye un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y otro de homicidio imprudente.
El 21 de diciembre de 2015 era el último día de prácticas en un taller de D.A., estudiante de 25 años de Formación Profesional Dual en mecánica. Su tutor de las prácticas, el jefe de producción de la empresa, le encargó reducir el diámetro de una pieza metálica con un torno.
Penas de dos años y medio de prisión es lo que solicita la Fiscalía para el representante legal de una constructora y para el responsable de obra del accidente laboral que le costó la vida a un trabajador.
El afectado prestó sus servicios en las instalaciones de la compañía entre los años 1970 y 1989, periodo durante el que, según acredita la sentencia, se utilizó este material en la fabricación de componentes de grifería.
La juez reconoce que la trabajadora del hospital sufrió un contagio y por tanto es una «enfermedad profesional» y ahora se está discutiendo la responsabilidad patrimonial.
El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha condenado a Sidenor y Cofivacasa a indemnizar con 140.966,14 euros, más intereses desde junio 2017, a la viuda e hijos de un trabajador que falleció en junio de 2017 a consecuencia de un Mesotelioma Epiteloide maligno, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto. El INSS reconoció a la viuda, en marzo de 2018, la pensión derivada de Enfermedad Profesional.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la mutua a pagar prestación a una trabajadora al considerar que el síndrome del túnel carpiano que padece es una enfermedad profesional.
La Inspección de Trabajo sanciona al ente público y puntualiza que las causas directas del accidente fueron la falta de evaluación de riesgos por parte de la empresa.
Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones que “se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada”, destaca la sentencia.
El juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a cumplir de inmediato los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales del colectivo de agentes medioambientales que formuló la Inspección de Trabajo en 2013 y que aún no se han acometido.
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