El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha condenado a Sidenor y Cofivacasa a indemnizar con 140.966,14 euros, más intereses desde junio 2017, a la viuda e hijos de un trabajador que falleció en junio de 2017 a consecuencia de un Mesotelioma Epiteloide maligno, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto. El INSS reconoció a la viuda, en marzo de 2018, la pensión derivada de Enfermedad Profesional.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la mutua a pagar prestación a una trabajadora al considerar que el síndrome del túnel carpiano que padece es una enfermedad profesional.
La Inspección de Trabajo sanciona al ente público y puntualiza que las causas directas del accidente fueron la falta de evaluación de riesgos por parte de la empresa.
Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones que “se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada”, destaca la sentencia.
El juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a cumplir de inmediato los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales del colectivo de agentes medioambientales que formuló la Inspección de Trabajo en 2013 y que aún no se han acometido.
Condenado el técnico de prevención de riesgos laborales y el director de una planta de vidrio de Caudete como autores, cada uno de ellos, de un delito contra la seguridad en el trabajo a la pena de 6 meses de prisión.
La Audiencia de Granada ha confirmado la condena de un año de prisión a un matrimonio que maniobró para poner a salvo sus bienes y evitar así el pago de casi un millón de euros de indemnización a un trabajador.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia 667/2018, de 26 de junio de 2018, ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias del SUMMA 112 a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural.
La Fiscalía de Álava pide un año y medio de cárcel y 1.800 euros de multa para cada uno de los cuatro responsables de una obra de construcción de viviendas de protección oficial, en la que resultó herido un trabajador al caer desde una altura de 3,80 metros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado una sentencia que condenó al Ayuntamiento de Figueres (Girona) a pagar una indemnización de 25.000 euros por incumplir su deber de prevenir los riesgos para la salud derivados de los conflictos personales en la plantilla.
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