La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) denunció a la Administración y el juicio se celebró en plena pandemia mediante procedimiento telemático.
La compañía tendrá que indemnizar con 145.000 euros a los familiares de quien fuera el jefe de seguridad de la fábrica vizcaína, que falleció en 2017.
En el diseño y la implantación de las medidas de prevención de riesgos laborales, la empresa no solo está obligada a contemplar los supuestos en los que los trabajadores cumplen con las instrucciones de seguridad recibidas, sino que también debe barajar la posibilidad de que estos actúen de forma imprudente.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha condenado a una empresa por no asegurarse de que uno de sus empleados, destinado a Camerún por trabajo, estaba vacunado.
Dos años y siete meses de prisión y un año y medio de prisión son las penas que solicita la Fiscalía para dos responsables de una empresa riojana a los que acusa de homicidio imprudente por no dotar a un trabajador de las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente por el que murió tras estar un año en coma.
El fiscal se ha adherido finalmente al recurso que presentó el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, contra el auto de procesamiento por homicidio imprudente que dictó el juzgado de instrucción número 18 en relacción con el accidente mortal durante el montaje de las gradas de Viveros. El Ministerio Público comparte la petición de sobreseimiento con respecto al procesamiento del concejal, pero deja la puerta abierta a reclamar «responsabilidades civiles subsidiarias» del Ayuntamiento de Valencia.
El Juzgado de los Social número 1 de Bilbao ha condenado a Osakidetza a pagar 53.800 euros a una enfermera que denunció haber sido víctima de acoso moral en el trabajo por no investigar el asunto e incumplir “las normas de prevención de riesgos laborales, con especial relevancia, los riesgos psicosociales”, ha informado el sindicato CCOO.
El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha procesado al concejal de Cultura Festiva, como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad de los trabajadores por la muerte de un operario que intervenía en la construcción de una grada para los conciertos de la Feria de Julio de 2017. Además del concejal, están procesados por los mismos delitos cuatro responsables de las empresas promotoras del evento.
Más de 300.000 euros de indemnización y penas de dos años de cárcel para el jefe de obra, el técnico de prevención de riesgos laborales y el coordinador de seguridad de la empresa.
El accidente laboral que sufrió un trabajador mientras cargada una máquina compactadora en un camión en 2009 constituye un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y otro de homicidio imprudente.
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