El fiscal se ha adherido finalmente al recurso que presentó el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, contra el auto de procesamiento por homicidio imprudente que dictó el juzgado de instrucción número 18 en relacción con el accidente mortal durante el montaje de las gradas de Viveros. El Ministerio Público comparte la petición de sobreseimiento con respecto al procesamiento del concejal, pero deja la puerta abierta a reclamar «responsabilidades civiles subsidiarias» del Ayuntamiento de Valencia.
El Juzgado de los Social número 1 de Bilbao ha condenado a Osakidetza a pagar 53.800 euros a una enfermera que denunció haber sido víctima de acoso moral en el trabajo por no investigar el asunto e incumplir “las normas de prevención de riesgos laborales, con especial relevancia, los riesgos psicosociales”, ha informado el sindicato CCOO.
El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha procesado al concejal de Cultura Festiva, como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad de los trabajadores por la muerte de un operario que intervenía en la construcción de una grada para los conciertos de la Feria de Julio de 2017. Además del concejal, están procesados por los mismos delitos cuatro responsables de las empresas promotoras del evento.
Más de 300.000 euros de indemnización y penas de dos años de cárcel para el jefe de obra, el técnico de prevención de riesgos laborales y el coordinador de seguridad de la empresa.
El accidente laboral que sufrió un trabajador mientras cargada una máquina compactadora en un camión en 2009 constituye un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia grave y otro de homicidio imprudente.
El 21 de diciembre de 2015 era el último día de prácticas en un taller de D.A., estudiante de 25 años de Formación Profesional Dual en mecánica. Su tutor de las prácticas, el jefe de producción de la empresa, le encargó reducir el diámetro de una pieza metálica con un torno.
Penas de dos años y medio de prisión es lo que solicita la Fiscalía para el representante legal de una constructora y para el responsable de obra del accidente laboral que le costó la vida a un trabajador.
El afectado prestó sus servicios en las instalaciones de la compañía entre los años 1970 y 1989, periodo durante el que, según acredita la sentencia, se utilizó este material en la fabricación de componentes de grifería.
La juez reconoce que la trabajadora del hospital sufrió un contagio y por tanto es una «enfermedad profesional» y ahora se está discutiendo la responsabilidad patrimonial.
El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha condenado a Sidenor y Cofivacasa a indemnizar con 140.966,14 euros, más intereses desde junio 2017, a la viuda e hijos de un trabajador que falleció en junio de 2017 a consecuencia de un Mesotelioma Epiteloide maligno, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto. El INSS reconoció a la viuda, en marzo de 2018, la pensión derivada de Enfermedad Profesional.
14-Mar-2019
eldiario.es
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
Chile
