La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de falsificar los papeles de un empleado al que había contratado verbalmente y que sufrió un accidente laboral.
Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19.
La Fiscalía de Área de Gijón solicita una pena de dos años y cinco meses de prisión un jefe de obra por un accidente laboral con un fallecido en una obra en 2018.
La Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) denunció a la Administración y el juicio se celebró en plena pandemia mediante procedimiento telemático.
La compañía tendrá que indemnizar con 145.000 euros a los familiares de quien fuera el jefe de seguridad de la fábrica vizcaína, que falleció en 2017.
En el diseño y la implantación de las medidas de prevención de riesgos laborales, la empresa no solo está obligada a contemplar los supuestos en los que los trabajadores cumplen con las instrucciones de seguridad recibidas, sino que también debe barajar la posibilidad de que estos actúen de forma imprudente.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha condenado a una empresa por no asegurarse de que uno de sus empleados, destinado a Camerún por trabajo, estaba vacunado.
Dos años y siete meses de prisión y un año y medio de prisión son las penas que solicita la Fiscalía para dos responsables de una empresa riojana a los que acusa de homicidio imprudente por no dotar a un trabajador de las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente por el que murió tras estar un año en coma.
El fiscal se ha adherido finalmente al recurso que presentó el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, contra el auto de procesamiento por homicidio imprudente que dictó el juzgado de instrucción número 18 en relacción con el accidente mortal durante el montaje de las gradas de Viveros. El Ministerio Público comparte la petición de sobreseimiento con respecto al procesamiento del concejal, pero deja la puerta abierta a reclamar «responsabilidades civiles subsidiarias» del Ayuntamiento de Valencia.
El Juzgado de los Social número 1 de Bilbao ha condenado a Osakidetza a pagar 53.800 euros a una enfermera que denunció haber sido víctima de acoso moral en el trabajo por no investigar el asunto e incumplir “las normas de prevención de riesgos laborales, con especial relevancia, los riesgos psicosociales”, ha informado el sindicato CCOO.
Chile
