Penas de dos años y medio de prisión es lo que solicita la Fiscalía para el representante legal de una constructora y para el responsable de obra del accidente laboral que le costó la vida a un trabajador.
El afectado prestó sus servicios en las instalaciones de la compañía entre los años 1970 y 1989, periodo durante el que, según acredita la sentencia, se utilizó este material en la fabricación de componentes de grifería.
La juez reconoce que la trabajadora del hospital sufrió un contagio y por tanto es una «enfermedad profesional» y ahora se está discutiendo la responsabilidad patrimonial.
El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha condenado a Sidenor y Cofivacasa a indemnizar con 140.966,14 euros, más intereses desde junio 2017, a la viuda e hijos de un trabajador que falleció en junio de 2017 a consecuencia de un Mesotelioma Epiteloide maligno, enfermedad derivada de la inhalación de fibras de amianto. El INSS reconoció a la viuda, en marzo de 2018, la pensión derivada de Enfermedad Profesional.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la mutua a pagar prestación a una trabajadora al considerar que el síndrome del túnel carpiano que padece es una enfermedad profesional.
La Inspección de Trabajo sanciona al ente público y puntualiza que las causas directas del accidente fueron la falta de evaluación de riesgos por parte de la empresa.
Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones que “se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada”, destaca la sentencia.
El juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a cumplir de inmediato los requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales del colectivo de agentes medioambientales que formuló la Inspección de Trabajo en 2013 y que aún no se han acometido.
Condenado el técnico de prevención de riesgos laborales y el director de una planta de vidrio de Caudete como autores, cada uno de ellos, de un delito contra la seguridad en el trabajo a la pena de 6 meses de prisión.
La Audiencia de Granada ha confirmado la condena de un año de prisión a un matrimonio que maniobró para poner a salvo sus bienes y evitar así el pago de casi un millón de euros de indemnización a un trabajador.
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