España tendrá que dedicar un mayor esfuerzo a la incorporación de la mujer a la vida laboral si quiere cumplir los compromisos contraídos con la UE. La Comisión Europea estima que la tasa de actividad femenina -mujeres con edad y ganas de trabajar- debería alcanzar el 44,6% en 2002. Este objetivo implica elevar el actual porcentaje 4,5 puntos, puesto que la última Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2001, reflejaba que por primera vez de cada 100 españolas mayores de 16 años había 40 (40,1%) interesadas en acceder al mercado laboral.
La EPA, elaborada por el Instituto de Estadística (INE) es el único informe válido para las comparaciones europeas. En consecuencia, España tendrá que centrar sus esfuerzos y políticas de fomento del empleo durante el próximo año en ‘animar’ a las mujeres para que intenten insertarse en el mercado laboral.
El total de mujeres mayores de 16 años se elevaba en la EPA a 17.114.200. De ellas, 6.862.500 tenían un trabajo y 1.273.400 se encontraban en paro. Es decir, las acciones del Gobierno español tendrán que dirigirse, además de hacia las desempleadas, hacia parte de las 10.251.700 inactivas registradas.
Recomendaciones
La previsión de la UE para España está recogida en el ‘paquete de recomendaciones’ que la Comisión Europea presentará hoy en la reunión de ministros de Empleo, en la que se fijarán las líneas estratégicas a seguir en materia laboral. Por primera vez, el denominado ‘Plan Nacional de Acción para el Empleo ’ recogerá previsiones de actividad e indicadores sobre cómo va la calidad de sus contrataciones, la igualdad laboral entre hombres y mujeres, los accidentes de trabajo o el diálogo social.
Desde hace meses, el Gobierno español opina que los compromisos europeos son demasiado ambiciosos. Con independencia de la estimación para el próximo ejercicio, sobre los Estados miembros planea la obligación de llegar en 2005 a una población activa del 67% y del 57% para las mujeres, porcentajes que en 2010 tendrán que elevarse al 70 y 60%, respectivamente, según resoluciones de cumbres extraordinarias de empleo. La última EPA arrojó una tasa de actividad general del 61,79%.
Coordinación
Los planes nacionales son un mandato comunitario a partir de la cumbre extraordinaria de Luxemburgo (noviembre 1997) para coordinar las políticas laborales. Entonces se acordó su elaboración por cinco años, pese a que su periodicidad es anual, es decir, el último de esta etapa inicial será precisamente el de 2002.
El plan español movilizará el año que viene más de dos billones de pesetas. Su financiación incluye todas las partidas laborales. Entre ellas figurarán las correspondientes a la formación ocupacional, continua y reglada, las bonificaciones a la Seguridad Social, los créditos participativos, los créditos blandos, etc., con las aportaciones europeas que algunos de estos capítulos conllevan. Las comunidades autónomas participarán con un 20% del coste total, según ha explicado el secretario general de Empleo, Juan Chozas.
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