El sector de la construcción pedirá a la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, una reforma legal del sistema de responsabilidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que reduzca sólo a situaciones de incumplimientos graves la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal.
Los agentes de la construcción entregarán su análisis legal ante Trabajo, reflejado en el informe elaborado por el bufete Cuatrecasas Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Propuestas de reforma a la luz de la experiencia comparada, presentado en la sede del despacho.
“La deriva de penas por vía penal en España es desproporcionada e irracional”, explicó el socio de Cuatrecasas responsable del informe, Salvador del Rey, quien mantuvo que ésta “debe ser la última medida cuando haya culpabilidad e intencionalidad” y apostó por la primacía de la jurisdicción social.
El informe está avalado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), cuyos representantes acudieron a la presentación.
“La constitución de la Fiscalía especial de prevención de riesgos laborales no es la solución, ya que sus éxitos se fijan según el número de condenas”, apuntó el presidente de CGATE, José Antonio Otero, quien recordó que “las acusaciones utilizan la vía penal para pactar indemnizaciones y después retirar la denuncia”.
El sector de la construcción propone 21 medidas con el objetivo de simplificar la determinación de la responsabilidad en caso de accidente laboral, ya que, en la actualidad, se puede recurrir a la vía penal, la administrativa, la social, la indemnización civil y el llamado recargo de prestaciones.
“Se plantea un menor protagonismo de la jurisdicción penal y que ésta se traslade a la legislación social. A su vez, que la vía contencioso-administrativa determine las sanciones administrativas, y sólo en ocasiones excepcionales que haya indemnizaciones civiles”, explicó el responsable del informe.
Entre las medidas propuestas, destaca incorporar al trabajador como sujeto responsable administrativo para que pueda ser sancionado en caso de negligencia en el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos. Toda la responsabilidad en caso de accidente recae en la actualidad en el empresario.
“Existe un fallo del sistema, y el poder disciplinario del empresario no ejerce poder de disuasión sobre el trabajador”, afirmó Del Rey, quien abogó por un “debate en profundidad” al respecto.
En esta línea, el informe aboga por mantener la intimidad respecto a los datos médicos del trabajador pero, al mismo tiempo, pide perfeccionar las medidas de control del empresario para determinar la aptitud del trabajador para la prevención de los riesgos laborales.
El sector de la construcción pide que para determinar el sistema de graduación de las sanciones administrativas se tenga en cuenta la trayectoria del empresario y que la normativa premie con beneficios fiscales y bonificaciones a los constructores que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
“Las víctimas de la construcción siguen aumentando a pesar de una mayor legislación. A pesar de la que está cayendo en el sector, reclamamos una solución legal para acabar con esta lacra”, apuntó el presidente del CSCAE, Carlos Hernández Perzzi.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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