El sindicato CCOO presentó el pasado mes de marzo una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa en la que solicita la apertura de una investigación para aclarar el origen del cáncer que, durante los últimos 12 años, costó la vida a 27 trabajadores de una empresa de Hernani dedicada a la fabricación de PVC. El escrito pide a la Fiscalía que determine si las enfermedades fueron consecuencia de la actividad laboral, en la que se manejan elementos cancerígenos.
El primer caso puesto en conocimiento de la Fiscalía tuvo lugar en 1997, cuando un trabajador de la empresa murió a causa de un cáncer de páncreas. La viuda se dirigió entonces al sindicato CCOO para conocer si la muerte de su marido pudo devenir como consecuencia de la manipulación de las sustancias que se utilizan en el proceso de fabricación del PVC y así encuadrarla en una contingencia profesional. Esta consideración permitiría a la esposa percibir una pensión más elevada y al mismo tiempo exigir una indemnización.
La iniciativa, sin embargo, no prosperó, por “supuestas dificultades de información”, precisaron fuentes sindicales. El caso quedó ahí hasta el verano del año pasado, cuando otro trabajador de la empresa Atofina, esta vez un analista de laboratorio, acudió a CCOO del que es afiliado, después de que le fuera diagnosticada una hipoplasia medular, es decir una disminución de la capacidad de generar células sanguíneas por parte de la médula.
El análisis del historial médico del trabajador llevó a los responsables sindicales a concluir que el servicio médico de la empresa había detectado en 1984 síntomas de alteración hematológica en el empleado y que pese a ello no fue apartado de la exposición a los tóxicos que usa la empresa.
Estudio técnico
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan) efectuó en diciembre del año pasado un informe sobre las condiciones higiénicas que habían existido en el puesto de analista en el que concluyó que la hipoplasia del trabajador debía ser considerada como “una contingencia profesional”.
El informe de Osalan añadía además que el resto de los trabajadores que desempeñan o desempeñaron las mismas labores que el analista “puede considerarse que están (o han estado) expuestos a los mismos niveles de riesgo que el trabajador afectado”. Entre las sustancias cancerígenas detectadas había cloruro de vinilo, benceno, ácido sulfúrico, cromato de potasio y tetracloruro de carbono.
Ante esta situación, Osalan realizó una serie de recomendaciones a la compañía, como que tuviera una atención especial a la medición de los niveles ambientales de los productos que pudieran ser dañinos en el lugar de trabajo del afectado y en otros departamentos, en los que también se detectaron estos productos.
Informe a la Fiscalía
A la vista del contenido del informe y ante la sospecha de que otros trabajadores de la factoría habrían muerto de cáncer, CCOO decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. La central sindical ha remitido al Ministerio Publico una relación de 27 trabajadores fallecidos en los últimos 12 años, con el objeto de que se ponga en marcha una investigación para determinar las causas de estas muertes.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que solicitará diversa documentación relativa a los casos de fallecimiento y, a la vista de la respuesta que obtenga, bien archivará el caso, siempre que estime que no hay ilegalidad alguna en la actuación de la empresa, o presentará una denuncia en el Juzgado de Guardia en el supuesto de que considere que Atofina ha incurrido en un presunto delito contra la salud de los trabajadores u otro ilícito penal.
El fiscal jefe descartó, por el momento, tomar declaración a responsables de la empresa, porque “no hemos llegado todavía a ese estadio”. “Vamos a empezar por los trabajadores enfermos y Osalan y, si después se considera conveniente, se remitirá inmediatamente al juzgado de guardia, pero todavía es prematuro decirlo”, añadió.
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