Los máximos dirigentes de CC.OO y de UGT en España, José María Fidalgo y Cándido Méndez, encabezaron la concentración en Granada convocada ante el accidente laboral que se cobró el pasado lunes la vida de seis trabajadores en la A-7, para pedir que las contratas y subcontratas se regulen en la reforma laboral que se está negociando y la creación de una fiscalía especializada en materia de siniestralidad laboral.
A la concentración, que concluyó con cinco minutos de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos, asistieron unas 1.000 personas, según informaron los sindicatos, cifra que rebajo hasta las 350 personas la Jefatura de Policía, cifras que en opinión de los sindicatos demuestra que la sociedad granadina no ha respondido a la llamada de las centrales sindicales.
En su discurso, Fidalgo exigió que se investigue la causa del accidente de Almuñécar y que se depuren responsabilidades “porque las cosas no ocurren por casualidad y hay responsables de que la obra tenga todos los papeles en regla y de que las cosas se hagan eliminando los riesgos”.
Por otro lado, reflexionó la cifra récord en accidentes laborales y en accidentes laborales mortales con la que cuenta España, criticando la “modalidad de trabajo que se basa en contratos precarios y en cadenas de contratación y subcontratación donde no hay responsabilidad en la cadena, donde las empresas principales se desvinculan de las consecuencias que tengan los actos de empresas contratistas y subcontratistas que, en general, son los ámbitos donde se producen los accidentes graves y mortales”.
Fidalgo, consideró que el sector de la construcción es un sector “importantísimo” en la actividad económica y volumen de empleo “pero no puede seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora”.
Así, dijo que en este momento en el que se está discutiendo una reforma de mercado de trabajo “para nosotros regular la responsabilidad en la cadena de contratas y subcontratas es una pieza básica y clave”, señalando que “no podemos estar discutiendo del precio o de la flexibilidad en el despido cuando está muriendo gente por falta de responsabilidad en las empresas”.
Por su parte, Cándido Méndez sostuvo que hay una serie de factores que se deberían corregir con carácter inmediato, por lo que exigió al conjunto de las administraciones “un compromiso muy fuerte y permanente para considerar como prioridad absoluta la lucha contra la muerte en el centro de trabajo”
Asimismo, pidió compromisos para “evitar la dejación en la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las administraciones y exigir a las empresas que no consideren un costo más el compromiso a favor de la salud laboral de sus trabajadores”.
En este sentido, Méndez consideró muy importante que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tome la determinación de crear una fiscalía especializada en la persecución de los delitos contra la salud de los trabajadores “para mejorar el compromiso de la administración en evitar la muerte en los tajos y porque sería un mensaje muy potente para aquellos empresarios desaprensivos que no tienen en cuenta las leyes y ponen en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores”.
Así, declaró que la creación de la fiscalía especial sería un “potente elemento de control y de disuasión para aquellos empresarios que juegan para mejorar sus márgenes de beneficios con la vida de los trabajadores”.
Además, el representante de UGT exigió que se convoque “con urgencia” la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que están presentes tanto el Gobierno y las comunidades autónomas, “y en la que se debe de abrir un debate para mejorar los niveles de control de los representantes de los trabajadores en esta materia”, al tiempo que pidió ampliar el número de plantilla de la Inspección de Trabajo.
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