La liberalización del sector eléctrico puede mermar las inversiones destinadas a vigilar el funcionamiento de este tipo de instalaciones.
El Consejo de Seguridad Nuclear da un toque de atención a Garoña por su actuación cuando se produjo la contaminación agua desmineralizada.
[a.prádanos (colpisa) ]. madrid.- La liberalización del mercado eléctrico español podría acarrear, si no se extrema la vigilancia, una merma en la seguridad de las instalaciones nucleares españolas. La advertencia procede de la aún máxima autoridad competente en la materia, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Manuel Kindelán, durante el relato de la memoria de este organismo correspondiente a 1999.
PSOE, IU y ecologistas pidieron ayer al Gobierno que imite a Alemania y ponga fecha al fin definitivo de la explotación nuclear en España.
Kindelán se despidió ayer del Congreso con una breve retrospectiva de sus seis años de mandato al frente del Consejo y rindió cuentas sobre el ejercicio de 1999 ante la Comisión de Economía. Según el informe, el año en cuestión fue tranquilo desde el punto de vista nuclear. Las siete centrales funcionaron «correctamente», con 91 sucesos notificables, de los cuales 89 no pasaron de nivel «0» -de un máximo de siete- y solo dos de nivel «1». Se abrieron además sendos expedientes sancionadores a las centrales de Almaraz y Cofrentes, y apercibimientos a Trillo y Garoña, en el caso de ésta por su deficiente actuación en un suceso de contaminación de agua desmineralizada «que no tuvo repercusiones para el medio ambiente pero pudo haberlas tenido».
No obstante, y en puertas de dejar el cargo que ocupa en funciones de desde noviembre, Kindelán prefirió mirar hacia el futuro y enumerar algunos de los retos que deberá afrontar su sucesor. El principal, tal vez, la vigilancia adicional del Consejo y de la autoridades para que la desregulación de mercado eléctrico no rebaje los niveles de seguridad de las instalaciones nucleares.
«Las reducciones de coste que se imponen a las empresas (eléctricas propietarias de las centrales) podrían implicar que se limitaran las inversiones en seguridad, en análisis y evaluación de la experiencia operativa, que se redujeran actuaciones de mantenimiento o recortaran las plantillas, entre otros riesgos», explicó.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
