Uno de cada cinco muertos por accidente laboral dentro de la Unión Europea corresponde a España. Ocupamos los primeros puestos de la UE. en incidencia de siniestralidad laboral y parece que esto ha motivado que suenen las alarmas.
Las cifras son suficientemente llamativas para justificar un amplio debate; sobre todo porque según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) un 80% de las muertes y de los accidentes podrían evitarse si se adoptasen medidas preventivas. ¿Pero cuáles son las medidas preventivas?
He leído con detenimiento el informe Duran, las opiniones de los sindicalistas, el plan de acción sobre la siniestralidad laboral que elaboró el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 1998, entre otros documentos, y contemplo, asombrada, que se habla de la gran importancia que tiene la prevención, pero nadie se plantea qué pasa con los Servicios de Prevención; por qué después de siete años de aprobada la Ley de Prevención de riesgos Laborales, con gastos millonarios para formar a miles de delegados de prevención, a técnicos de prevención, múltiples máster y diplomas en prevención de riesgos laborales… vamos a peor, o por lo menos no está dando los resultados que se esperaba. El que haya disminuido el total de accidentes, al haber descendido los siniestros leves, no es muy valorable, en mi opinión, porque es poco creíble que desciendan los accidentes leves y se incrementen los graves o mortales, que curiosamente son los más difíciles de “maquillar”.
Desde hace años, mantengo una buena relación con los médicos del trabajo franceses; he sido invitada en varias ocasiones, como ponente extranjera, para analizar nuestra medicina del trabajo, comparando y procurando ver, como dicen ahora, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, para la mejora del sistema. Por todo esto, me voy a permitir un análisis crítico, de algo que tengo la impresión que todo el mundo intuye pero que nadie se atreve a encarar. En mi opinión, si el sistema español de prevención de riesgos laborales está resultando un fracaso ( y eso que prevenir los accidentes laborales es muy fácil, comparado con la prevención de los cánceres profesionales y riesgos psicosociales) se debe, entre otras causas, a que fallan los servicios de prevención.
Dice el Sr. Durán que se necesita mayor formación e investigación. Permítame que discrepe: lo que se necesita es que los médicos del trabajo y técnicos de prevención hagan su trabajo, pero para ello se necesita que estén protegidos; y a la Ley de Prevención de Riesgos le falta una normativa expresa y clara que garantice la independencia profesional de sus técnicos y los proteja de las posibles represalias que pueden padecer si son eficaces e intentan hacer cumplir la ley.
Hace 15 años, cuando obtuve por oposición una plaza de médico del trabajo en un Organismo Público, me felicitó uno de los directivos y me explicó, muy amablemente, que procurara no molestar. Esta advertencia, que entonces me provocó una sonrisa, ahora, con las leyes actuales, me hubiera producido un escalofrío. ¿ Cree alguien que un médico del trabajo u otro técnico que esté bajo el poder de su empresa, o de una Mutua, que le pueden despedir o hacer de su vida profesional un infierno, va a estar motivado para enfrentarse a los jefes que no cumplen la normativa, cuando según las estadísticas oficiales (IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo) el 70% de los empresarios las incumple? Puede que alguien me diga que para eso ya está el Art. 30 de la LPRL, que es la trasposición del 7.2 de la Directiva Comunitaria, donde se plantea cierta protección, pero le puedo contestar, incluso con mi propia experiencia, que sirve de muy poco, porque es compleja, ambigua y difícil de interpretar, hasta para los jueces.
Hace unos años, en Francia, una empresa pública intentó despedir a una de las mejores epidemiólogas de medicina del trabajo, porque estaba investigando unos cánceres profesionales, que podían comprometer su imagen. A pesar del enorme poder político de dicha empresa y de la argucia legal que quiso utilizar, no pudo llevar a cabo el despido, porque en Francia, desde 1946, el médico del trabajo es un asalariado especialmente protegido ( no se les puede despedir arbitrariamente y en el desempeño de sus funciones no están obligados a cumplir las órdenes de la empresa, sino de sus autoridades laborales).
Este despido frustrado junto al escándalo del amianto (porque si algunos médicos se hubieran atrevido a denunciar lo que sospechaban se hubieran evitado miles de muertes) sirvió de detonante para que empezaran a denunciar la situación de acoso e intimidación que sufrían por parte de sus jefes, tanto en los servicios propios como ajenos ( Les médecins du travail prennent la parole. Un métier en débat. Syros 2000)
No se hizo esperar la respuesta del Gobierno francés: en su nueva Ley de modernización social del 17 de Enero de 2002, dedica 7 artículos a mejorar las competencias de los médicos del trabajo y a reforzar su independencia. El sistema francés de prevención gira alrededor del médico, pero permiten que tenga ayuda exterior cualificada y en la actualidad van a comenzar a integrar a otros profesionales, aunque primero- dicen en el Art. 241.2-, tenemos que elaborar un decreto que garantice la independencia profesional de estos nuevos técnicos.
Para poder implantar medidas preventivas, lo que se llama la cultura preventiva, se necesita que los técnicos de prevención estén legitimados, sean independientes y se les note, porque no sólo hay que luchar con los empresarios para que compren y paguen sistemas de seguridad, sino que en muchas ocasiones hay que luchar también con los trabajadores, para que se protejan, pues hay que reconocer que usar gafas, cascos, guantes, protectores auditivos… es molesto. Los que hemos vivido el inicio de la pandemia del SIDA sabemos lo mucho que costó que se dejara de encapuchar las agujas o que se utilizaran guantes ante ciertas técnicas de riesgo (porque dificultaba el trabajo).
Como conclusión, quisiera finalizar diciendo que entre el paquete de medidas legislativas que se van a elaborar para mejorar la actual Ley de Prevención de Riesgos, debería haber alguna medida adicional que proteja a todos los profesionales de la prevención (formen parte o no de servicios de prevención), como por ejemplo, que tengan que dar cuentas de sus actos a las autoridades laborales y no a los empresarios, que no se les pueda despedir sin el visto bueno del inspector de trabajo… si se quiere que estos trabajadores asuman las responsabilidades que les corresponden, porque si no seguirán siendo, en España, sordomudos y por lo visto invisibles, con lo cual las políticas de prevención servirán de muy poco; porque se puede cumplir la Ley de manera formalista, sin cometer infracciones penales, con una total incompetencia voluntariamente buscada para evitarse represalias.
Mª Reyes Núñez – Médico del Trabajo, Miembro de la Asociación Francesa de Médicos del Trabajo de Hospitales Públicos
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