La Inspección de Trabajo y Seguridad Social destapó 61.951 empleos sumergidos en 2001, lo que supone un 11,5% más que el año anterior, y permitió recuperar 765,55 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social en concepto de «cuotas defraudadas» al sistema, según el responsable del servicio de Inspección, Carlos María Font.
De acuerdo con los datos, gran parte del empleo sumergido detectado (46.738 empleos) se debió a trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social; en otros 8.400 empleos se detectó fraude por compatibilizarse el cobro de una prestación con la realización de un trabajo remunerado, retirándose la prestación que percibía el trabajador.
Más esfuerzo en migración Font precisó que en el pasado ejercicio se intensificaron los controles para detectar el empleo irregular en el área de migración y extranjeros. Esta labor concentró el 65% de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo, detectando 6.913 inmigrantes sin permiso de trabajo, e imponiendo sanciones a las empresas infractoras por valor de 36,79 millones de euros, un 158,8% más que en 2000.
Curiosamente, fue en el sector de servicios y de construcción donde mayores irregularidades se observaron. Y por Comunidades autónomas, se situaron en primer lugar por número de irregularidades Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.
Otra de las áreas donde la Inspección centró sus esfuerzos fue la de seguridad y salud laboral. En 2001 se paralizaron 2.535 trabajos (más de ocho trabajos por día laborable) por riesgo grave de accidente, se detectaron 39.139 infracciones y se efectuaron 346.676 actuaciones. Por esta labor se impusieron 93,72 millones de euros en sanciones. Construcción fue un año más el sector más inspeccionado, con 188.302 actuaciones y 23.299 infracciones. En el sector servicios se levantaron 7.762 infracciones y en industria otras 7.330. También se investigaron 15.214 accidentes, con un incremento de las infracciones del 23% (6.665 en total).
Enmienda a la totalidad
Por otro lado, el Congreso rechazó ayer la enmienda a la totalidad presentada por el BNG contra el Decreto de Ley que jubilación flexible, debate con el que se dio comienzo al trámite para su aprobación antes del verano.
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