Sancionar antes de un accidente y no después de la tragedia. Esta sería la moraleja de una sentencia, la primera en la Comunidad, que ha impuesto 11 meses de cárcel a un empresario de Quart de Poblet por la inseguridad en que trabajaban sus empleados. La entidad fue denunciada por la Fiscalía tras una revisión de la Inspección de Trabajo.
“Consideró que el beneficio económico puede obtenerse poniendo en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de sus trabajadores y estimó preferible un ahorro en los costes de producción al cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales”. Así actuaba un empresario de Quart de Poblet, Rafael G. B., a quien el juzgado de lo penal número seis de Valencia ha impuesto 11 meses de prisión y 4.800 euros de multa por un delito contra la seguridad de sus trabajadores.
Y es que, el rosario de irregularidades del negocio maderero del condenado es casi interminable. Máquinas sin dispositivo de frenado con “riesgo de causar la muerte del trabajador o graves amputaciones, salidas de humo de la caldera que dificultaba la visibilidad de los obreros o grúas susceptibles de causar “impactos con los troncos que cargaban” eran sólo algunas de las inseguras condiciones de trabajo.
Los 11 empleados del propietario de la empresa Chayma Chapas y Maderas S. L. denunciaron la inseguridad que sufrían en su trabajo. “Como se verían” para revelar la situación, valoró el fiscal de Riesgos Laborales, Jaime Gil, en referencia a que la denuncia y consiguiente actuación penal acabó dejando a los trabajadores sin empleo al cerrar la empresa.
Pese a las tres visitas de la Inspección de Trabajo y concederle plazos de hasta dos meses para subsanar las deficiencias, Rafael G. únicamente mejoró las “exigencias formales”, referentes a cuestiones como planes de prevención de riesgos laborales.
El industrial adujo problemas económicos que le impedían llevar a cabo las reformas. Sin embargo, como destaca la sentencia, ni siquiera instaló una célula fotoeléctrica para evitar cortes accidentales en las máquinas pese al “muy escaso coste” de 96 euros.
El fiscal Gil destacó que es la primera sentencia de este tipo en la Comunidad Valenciana “y contadas en España” tras una querella de la Fiscalía: “Este tipo de condenas sólo suele producirse cuando hay un accidente, pues normalmente se castigan estas circunstancias únicamente con una sanción administrativa”.
“El lugar de trabajo no puede ser nunca un lugar de riesgo”, afirmó Jaime Gil citando una frase del fiscal general del Estado.
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