La Inspección de Trabajo ha levantado a la empresa Aguas Torrelavega un acta de infracción, calificada como muy grave y que en su grado mínimo lleva implícita una multa de 5.000.001 a 20.000.000 pesetas, por haber incumplido una orden de paralización de trabajos que acarreaban la manipulación de amianto, un material peligroso para la salud que en España no podrá utilizarse a partir de enero de 2002. Comisiones Obreras (CC.OO.), denunciante de la irregularidad, hizo ayer pública esta resolución y reivindicó del Ayuntamiento la rescisión del contrato a su socio privado (Sogesur) en la empresa del agua.
Desde este sindicato se insistió en que la intervención municipal «no debería demorarse por más tiempo, ante la constatación de un hecho tan grave como el que ha probado la Inspección de Trabajo», respecto a la forma de proceder del socio privado del Ayuntamiento en Aguator, así como por las presuntas irregularidades, también graves, detectadas por los técnicos municipales en su gestión (lectura de contadores, cobros, etc.), que está investigando la Fiscalía. CC.OO. estudia la posibilidad de personarse como acusación particular en este caso, que fue la primera en denunciar en su día.
El acta de infracción levantado a Aguas Torrelavega por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha tenido su origen en «incumplimientos reiterados en cuanto a manipulación, en condiciones no adecuadas, de tuberías de amianto», todavía existentes en algunos tramos de la red de distribución del agua, que están siendo sustituidas o reparadas, explicó Jesús María Puente, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO.
Puente recordó que los efectos nocivos para la salud de las personas expuestas a la manipulación de amianto están tan demostradas (enfermedades respiratorias y cáncer) que el uso de este material fue prohibido por la UE, y que su manipulación en las instalaciones donde existe debe hacerse siguiendo unos planes de actuación muy definidos y con unas medidas de protección específicas, tanto para los trabajadores como para el entorno.
Ricardo García Fernández, delegado sindical de CC.OO. en Aguas Torrelavega, denunció que entre enero y junio del presente año en esta empresa se han realizado entre 26 y 27 operaciones con amianto en las que, aseguró, se habrían utilizado un máximo de cinco o seis equipos protectores (una mascarilla, guantes, botas y un buzo especial, por cada trabajador, de un solo uso, que después se destruyen).
Desde CC.OO. se censuró que este tipo de conductas las protagonice una empresa de la solvencia de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), propietaria de Sogesur, el socio privado del Ayuntamiento en Aguator, de quien dijeron que estaría tratando de librarse de la multa por el acta de la Inspección de Trabajo (alegaciones) «haciendo que los obreros firmen documentos sin fecha, relacionados con las actuaciones que se les imputan», explicó Ricardo García. Este delegado denunció que el incumplimiento de las normas de seguridad «es habitual en Aguator desde que entró un nuevo gerente». La solicitud de intervención municipal fue reivindicada por Francisco. Carmona, portavoz de la sección sindical de CC.OO. Obreras en el Ayuntamiento.
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