Alrededor de un 30 por ciento de los accidentes que se producen en el puesto de trabajo podría ser recurrido por vía penal, si bien son francamente «escasos» los asuntos sometidos a esta jurisdicción, según comunicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Carlos Varela, tras la reunión que mantuvieron los cinco fiscales provinciales encargados de la siniestralidad laboral, excepto el de Vigo, en la sede del TSJG en La Coruña con el fin de reflexionar sobre la siniestralidad laboral y fijar estrategias -jurídicas, por descontado- que mejoren la actuación en este ámbito.
Como principales conclusiones, Varela destacó que existe un «desconocimiento» generalizado respecto a la omisión (o evasión, en algunos casos) de medidas de seguridad por parte de los empresarios, que es susceptible de ser recurrida por la vía penal, con independencia de que se produzcan lesiones importantes o no. El fiscal jefe insistió en que sólo por poner al trabajador en una situación de riesgo y de peligro de accidente la empresa podría acaparar responsabilidades penales y se le podría llegar a imputar un delito de homicidio imprudente, de riesgo, de lesiones o de falta, tal y como recoge el Código Penal vigente.
En sintonía con ello, Varela abogó por una «implicación activa» de los agentes sociales por ser ellos quienes están más cerca de los trabajadores y conocen su situación, de forma que les emplazó a que den a conocer a la Fiscalía que comanda los casos que sean susceptibles de delito por falta de seguridad «sin esperar a que el riesgo se convierta en lesión» en el asalariado.
Reclamó, a su vez, mayor rapidez a la hora de que los inspectores de Trabajo -dependientes del Ejecutivo central- se presenten en el lugar donde se ha producido un accidente laboral para impedir la «alteración» del escenario de los hechos y así poder obtener «pruebas eficaces» y una adecuada investigación. A este respecto, el fiscal jefe reconoció igualmente que sería «bien recibida» la creación de una unidad especializada o de intervención rápida para los casos de siniestralidad en el trabajo, aunque indicó que «en principio, no se ha contemplado» dicha posibilidad.
Para finalizar su comparecencia, Varela señaló que se solicitará la «máxima colaboración» tanto de la Inspección como de la Consellería de Trabajo para que faciliten a la Fiscalía los informes de las inspecciones realizadas, en especial de aquellas en las que se haya propuesto una sanción grave o muy grave por falta de seguridad.Recordó a todos que, en caso de infracción, los trabajadores deben ser protegidos «incluso de su propia imprudencia» por parte de la empresa que debe estudiar la necesidad de paralizar la obra.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
