Los inspectores de la Consejería de Trabajo y Política Social levantaron en sólo cuatro meses, durante el pasado verano, 116 actas de infracción a otras tantas empresas de hostelería de la costa regional por tener trabajadores en situación irregular.
El plan de lucha contra la economía sumergida desarrollado por la Consejería de Trabajo y la Inspección Provincial de Trabajo se centró durante el pasado verano en la hostelería de los principales enclaves turísticos (Águilas, Mazarrón, el Mar Menor y La Manga) y en la agricultura del Campo de Cartagena.
Entre junio y septiembre, los inspectores de Trabajo descubrieron a 324 trabajadores en situación irregular, principalmente por no estar dados de alta en la Seguridad Social.
Las cifras confirman a la hostelería como uno de los sectores más castigados por la economía sumergida, junto a la agricultura y la construcción, un hecho que no acaban de aceptar los empresarios.
«Fenómeno puntual»
Inocencio Piernas, presidente Hostemur, la asociación regional de empresarios de hostelería, señaló ayer, tras ser informado por La Verdad de estos datos, que dijo desconocer, que en su sector «no hay economía sumergida. La incidencia de este fenómeno es puntual, se puede dar en un momento determinado, pero por norma no existe».
Inocencio Piernas, propietario de un hotel en Lorca, admite que el verano «puede ser» la época del año en la que sean más frecuentes las irregularidades laborales, debido «a la proliferación de chiringuitos, bares y pubs en las playas, que sólo están abiertos unos meses, pero en los establecimientos que estamos abiertos todo el año no se dan ese tipo de prácticas».
Los sindicatos no son de la misma opinión. Juan José García Martínez, de la federación de comercio y hostelería de UGT, asegura que «varios ecuatorianos estuvieron trabajando sin contrato en el bar del Teatro Romea, en el centro de Murcia, durante varios meses».
Los datos de la campaña especial realizada por la Consejería de Trabajo no especifica qué tipo de locales fueron los sancionados, pero revelan que la economía sumergida se encuentra más extendida en la hostelería turística de lo que a Hostemur le gustaría. Su presidente, Inocencio Piernas, considera que estas cifras «son preocupantes».
Los inspectores de Trabajo visitaron 596 establecimientos entre los meses de junio y septiembre pasados y realizaron 58 inspecciones nocturnas. Fruto de esta labor fueron las 116 actas de infracción levantadas y la propuesta de sanciones por importe de 1.117.720 euros, lo que significa una media de 9.635 euros por cada acta infractora, cuya resolución corresponde ahora al Ministerio de Trabajo
El director general de Trabajo, José Daniel Martín González, anuncia que la campaña contra la economía sumergida en la hostelería proseguirá este año, aunque elude precisar las zonas geográficas en las que se desarrollará «para no dar pistas a los posibles infractores».
Los objetivos de los planes de inspección se fijan en el Consejo Asesor de Relaciones Laborales, en el que están representados la consejería, los sindicatos y los empresarios. La decisión de que el pasado verano se centrará la inspección en las zonas de Águilas, Mazarrón, Mar Menor y La Manga fue «por sugerencia de los agentes sociales», según el director general de Trabajo.
Plan especial
La lucha contra la economía sumergida fue una de las prioridades propuestas por CC OO y UGT a la nueva consejera de Trabajo, Lourdes Méndez, que se comprometió con los sindicatos a elaborar un plan especial para atajar este fenómeno que afecta, según los cálculos más pesimistas, a un tercio de la economía regional.
La hostelería es el sector productivo español más sancionado por emplear a ilegales, según datos de la Inspección de Trabajo del ministerio relativos al 2000. Durante dicho ejercicio, la hostelería recibió en todo el país 1.547 sanciones por la contratación ilegal de inmigrantes, lo que representa el 36,59% de las 4.229 sanciones impuestas por este concepto.
Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga fueron las provincias con un mayor número de sanciones a los empresarios de hostelería por contratar de forma irregular a extranjeros.
Datos de la campaña
Duración: Junio/Septiembre del 2001. Inspección: 596 centros de trabajo. Economía sumergida: Descubiertos 324 trabajadores en situación irregular. Infracciones: 116 actas levantadas. Sanciones: Por importe global de 1.117.720 euros
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