Los sindicatos cifran en el 10% el aumento de los fallecidos en el trabajo hasta junio

El fuerte avance de la siniestralidad laboral en Cataluña ha alarmado a los sindicatos y ha levantado duras críticas de la oposición parlamentaria hacia el Gobierno. Desde el pasado 15 de julio, se han dejado la vida en accidentes de trabajo 22 personas en esta comunidad autónoma, lo que contribuirá a incrementar la ya de por sí elevada tasa de siniestralidad de 2002.

A falta de los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT cifran en el 10% el aumento de las fallecidos en su puesto de trabajo durante los seis primeros meses del año. Entre enero y junio, el número de víctimas mortales asciende a 576, según la estadística de UGT. Esta cifra es superior (789) si se suman los empleados que fallecieron en el trayecto desde su domicilio hacia el puesto de trabajo o viceversa (lo que los técnicos denominan in itinere).

Los «desalentadores» datos del primer semestre y, sobre todo, el «verano negro» en materia de accidentes, en palabras del responsable de Salud Laboral de CCOO, Javier Torres, acelerarán previsiblemente la convocatoria de la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales, que reunirá al Ejecutivo, las centrales sindicales y la patronal.

Los sindicatos llevan varios meses reclamando al Gobierno que convoque la mesa, paralizada desde junio de 2001. Las dos centrales confían en que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fije una fecha en los próximos días, por lo que la reunión podría celebrarse este mismo mes.

Los sucesos acaecidos en Cataluña -sólo la pasada semana murieron siete trabajadores- pueden servir para poner en marcha soluciones por la vía rápida. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, anunció ayer que está trabajando junto con los agentes sociales en una mesa de diálogo para elaborar un paquete de medidas importantes que pongan freno a la creciente siniestralidad laboral.

Negociaciones

«He hablado con los secretarios generales de UGT y con los responsables de la patronal para que a principios del mes de septiembre comiencen de nuevo las negociaciones», aseguró el ministro ayer en Santander, donde inauguró un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Zaplana recordó que el Gobierno en este caso tiene las competencias de legislación, pero no las de desarrollo ni control, pues estas dependen de las comunidades autónomas.

El ministro de Trabajo no quiso adelantar ninguna de estas medidas («debo ser tremendamente respetuoso con los agentes sociales», confesó), pero sí anunció que en los próximos días hablará con ellos para fijar la primera de las reuniones. Este será el segundo de los encuentros oficiales que mantendrá Eduardo Zaplana con Cándido Méndez y José María Fidalgo, después de ser nombrado máximo responsable de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales.

Paralelamente, UGT intentará reunirse en los próximos días con la presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi.Con ello, el sindicato persigue agilizar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular contra la siniestralidad laboral que presentó el pasado 9 de octubre de 2001. Los principales objetivos de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 600.000 firmas, son limitar la temporalidad de los contratos y evitar que la subcontratación sirva para eludir responsabilidades empresariales.

Ambas son las grandes causas (y en ello están de acuerdo UGT y CCOO) del aumento de la siniestralidad laboral en España. Y en cuanto a las recetas para solventar el problema, las dos centrales insisten en la necesidad de contratar más inspectores y de impulsar un cambio regulatorio en materia de subcontratación.

Precisamente ayer, la Generalitat catalana anunció que doblará en los próximos dos años el número de técnicos de seguridad en el trabajo. Además, el conseller de Trabajo, Lluís Franco, pidió al Gobierno que cambie la legislación en materia de subcontratas.

Fuerte aumento

Cataluña se situó a la cabeza de los accidentes mortales en los primeros seis meses del año, con 97 siniestros, lo que se traduce en un aumento del 18,3% respecto al primer semestre de 2001, según informa Europa Press.

A la luz de los datos, el Ejecutivo catalán no se libró ayer de las críticas de la oposición, que atacó por partes iguales a las administraciones regional y central por su actuación en el campo de la seguridad laboral. El portavoz de ERC, Joan Ridao, culpó al Gobierno y a la Generalitat de aplicar «con cierta dejadez» la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Más allá fue el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien acusó al Ejecutivo central de mantener una «aparente pasividad», ante el «terrorismo silencioso» que representan los accidentes laborales. En España hay «un empresariado que no quiere cumplir la ley y un Gobierno que no quiere aplicarla», lo que trae como consecuencia un nivel de siniestralidad propio de «un país subdesarrollado», señaló el líder de Izquierda Unida.

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