Tras la denuncia presentada el pasado martes por el sindicato CSI-CSIF, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha ordenado que se incoen unas diligencias de investigación para tratar de determinar si los hechos denunciados pueden enmarcarse en un delito contra los derechos de los trabajadores, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público.
El artículo 316 del Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años de prisión y una multa de seis a doce meses a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
La denuncia del sindicato ante la Fiscalía hispalense ponía de manifiesto que, si bien la inspección del Consejo de Seguridad Nuclear realizada el pasado 23 de septiembre no detectó ninguna incidencia en el servicio de Radiología,los trabajadores enfermos trabajaban en dependencias próximas a la consulta de Rayos X, los resultados aluden a la fecha actual, pero no a los años anteriores, “de los que se desconoce todo o casi todo”.
El CSI-CSIF también llama la atención sobre la fecha de la evaluación de riesgos laborales, realizada el 18 de septiembre pasado, víspera de la reunión del comité de seguridad y salud del área hospitalaria Virgen Macarena, y asegura que “la obligación legal de disponer de dicha evaluación inicial es de 1996”. Según el sindicato, desde hace 12 años, se ha estado “incumpliendo sistemáticamente” la ley de prevención de riesgos laborales en este centro.
El sindicato dirigió la denuncia a la sección de siniestralidad, pero la fiscal jefe ha ordenado que el caso lo asuma directamente la sección de investigación.
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