El personal del Servicio Médico del Centro Penitenciario de Valladolid, con el respaldo del sindicato ACAIP, ha expresado su negativa a implantar el Programa de Intercambio de Jeringuillas (PIJ) previsto desde la próxima semana en todas las prisiones de Castilla y León por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, al entender que existen dudas jurídicas sobre la legalidad de dicha iniciativa, por razones éticas y morales y porque con ella aumenta la inseguridad tanto para los trabajadores como para la población reclusa.
Los trabajadores del Servicio Médico, a través de una carta a la que tuvo acceso Europa Press, se han dirigido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para hacer constar su rechazo a participar en el PIJ ya que, como así han consultado en fuentes jurídicas, podrían incurrir en delito si se aplica finalmente en el centro, a lo que añaden motivo de índole ético, moral y deontológico.
Además, el personal médico advierte de que cuando se habla del beneficio que se puede obtener implantando este intercambio “nadie habla de los graves perjuicios que puede suponer tanto para otros internos toxicómanos o no toxicómanos como para el resto de trabajadores, sin que en ningún caso se pueda garantizar el control efectivo de los mismos”.
De hecho, los firmantes del escrito apuntan que ello ha llevado a las Inspecciones de Trabajo de Jaén, Huelva y Palencia a suspender la implantación de este programa en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “Por ello, ni compartimos ni entendemos en ningún momento que se intente implicar a toda costa al equipo sanitario del centro en la justificación, implantación y participación en este programa”.
En esta misma línea, el sindicato ACAIP no sólo apoya a los trabajadores del mencionado servicio sino que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al considerar que la implantación del PIJ “infringe las normas laborales, pone en peligro la salud e integridad de los trabajadores y aumenta la inseguridad dentro del propio centro, poniendo en peligro la integridad de la población reclusa no drogodependiente y por suponer una clara contradicción con los programas sanitarios existentes en el ámbito penitenciario”.
Frente a esta postura, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias anunció hace unos días que el PIJ, que se está desarrollando en el medio penitenciario desde 1997, es un programa de reducción de daños de carácter exclusivamente sanitario cuyo objetivo básico es disminuir la incidencia de las enfermedades asociadas al uso de drogas inyectadas a través del uso compartido de material de inyección, en especial la infección por VIH o la infección por virus de la hepatitis C.
Estos programas, según Instituciones Penitenciarias, han demostrado su eficacia en el medio extrapenitenciario y constituyen un método preventivo de excelente relación coste/efectividad. En España son trece los centros que cuentan con PIJ y la experiencia acumulada permite afirmar que estos programas son eficaces en prisiones, al igual que en el medio extrapenitenciario y carecen de efectos colaterales.
Por ello, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido extenderlos a todos los centros penitenciarios dando así cumplimiento a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 21 de marzo de 2001 en la que se instaba al Gobierno a implantar “los programas de distribución gratuita de jeringuillas entre los reclusos toxicómanos, a fin de evitar en lo posible la propagación entre los mismos de enfermedades contagiosas por vía hemética, tales como la hepatitis o el sida”.
Actualmente, la prevalencia de la infección por VIH entre la población reclusa es del 15 por ciento y la hepatitis C del 40 por ciento.
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