La magistrada titular del Juzgado de lo Social número Uno ha estimado la demanda planteada por un funcionario de la Consejería de Obras Públicas -a quien una sentencia anterior de la Sala de lo Contencioso le reconoció haber sufrido acoso por parte de sus superiores- y ha declarado accidente de trabajo la baja por depresión que se le concedió el 10 de noviembre de 2003 a este mismo empleado público, que la juez atribuye y relaciona con el mobbing por parte de sus jefes más directos.
El demandante, que se había incorporado al trabajo el 15 de julio de 2003 tras diez meses de incapacidad laboral motivada por un infarto, se encontró a su vuelta con un cambio de las funciones que venía desempeñando como jefe de la sección de Vivienda, asignándosele un despacho individual, separado del resto de funcionarios, sin negociados ni personal a su cargo y sin atribución de labores a realizar. Incluso cuando pidió a la jefe de negociado que le entregara los expedientes, ésta respondió que el nuevo responsable le había dicho que no se los pasara.
La nueva situación laboral a que se vio sometido el funcionario Ignacio Fernández Muro, ratificada por otros funcionarios durante la prueba testifical, produjo en este empleado público una «depresión reactiva» que, en opinión de la juez, tuvo su origen en el proceso de acoso moral o mobbing acometido por sus superiores. Unas premisas que llevan a considerar la incapacidad temporal de este funcionario como accidente de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social.
La resolución, que permite al empleado público abrir nuevas vías de reclamación en las esferas civil y penal, llevó al diputado socialista Jesús Urbina a pedir, una vez más, las dimisiones de Vallejo, Burgos, Bretón y Salinas. «Tenemos un Gobierno indigno que utiliza los peores métodos para socavar a las personas que se limitan a cumplir con sus cometidos como funcionarios y que cuando no se pliegan a los requerimientos les someten a una persecución sistemática con todo la fuerza del poder».
El parlamentario socialista alabó en otro momento la «dignidad y valentía» del funcionario e hizo un llamamiento a los empleados para que «pierdan el miedo y denuncien estas actuaciones irregulares», a quienes ofreció los servicios jurídicos del partido.
Queremos que la ciudadanía sepa que el Partido Popular puede intentar manipular y enmascarar estos hechos, agregó Jesús Urbina, pero «lo que no han conseguido es engañar a los jueces en ninguna ocasión».
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
