El PSC dio ayer a conocer el resultado de un estudio, realizado en cooperación con las centrales sindicales, sobre el coste estimativo anual de la siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de Canarias en 2000 y que supuso cerca de 80.000 millones de pesetas. El portavoz del grupo parlamentario del PSC, José Alcaraz, y el diputado Luis Pareja analizaron ayer la situación de la salud laboral en el Archipiélago partiendo de los datos sobre la siniestralidad del primer trimestre de este año.
Estas cifras, comparadas con el mismo periodo de 2000, descubren que este año se han producido 238 accidentes más llegando a la cifra de 19.428 casos. Las incidencias graves han subido de 114 a 129 mientras que las leves se han incrementado un 8 % pasando de 11.957 hasta 12.421 casos. Los casos de accidentes mortales, según expusieron, se han contenido destacándose la singularidad de que no se ha registrado ningún caso en el sector de la construcción.
Una circunstancia, que el PSC, justificó por las recientes sentencias “ejemplarizantes” del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en las que a instancias de la Fiscalía se ha condenado, con sanciones administrativas y condenas de cárcel, a los titulares de las empresas y a su dirección facultativa.
Enérgica acción
Esta “enérgica” acción, según Alcaraz, llevada a cabo en coordinación con la Inspección de Trabajo, demuestra que se producen efectos “reales” sobre la siniestralidad laboral. El PSC, en la misma línea, también resaltó la campaña ‘Acción 1.700’, desplegada por la Inspección de Trabajo y que está, destinada a investigar a las 1.700 empresas de la Comunidad Autónoma canaria con más riesgos sobre la salud de los trabajadores.
La acción conjunta de la Fiscalía del TSJC, que surge como consecuencia de una denuncia sindical, y de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ejecutivo central, contrasta, sin embargo, con la política del Gobierno de Canarias, según el portavoz socialista José Alcaraz. A su juicio, el Ejecutivo regional “sigue en la más absoluta pasividad”. El parlamentario Luis Pareja, reveló la existencia de un estudio estimativo del coste de la siniestralidad y dijo que son “excesivas” las consecuencias derivadas de los accidentes laborales.
Dos iniciativas ante la Cámara
El estudio difundido ayer por los socialistas canarios y que ha sido realizado en coordinación con las centrales sindicales del Archipiélago, en el que calcula que el coste estimativo de la siniestralidad en el transcurso del año 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias se acercó a 80.000 millones de pesetas, parte de unas cifras que resultan del cálculo derivado de las indemnizaciones, las bajas, los tratamientos médicos, el gasto farmacéutico y la asistencia médica que con carácter general fue requerida.
Los socialistas consideraron que, ante esta “grave” situación, el Ejecutivo autonómico “no está dando las pertinentes soluciones”. Por ello, el grupo parlamentario socialista anunció la presentación de dos iniciativas en la Cámara regional.
La primera de ellas pretende que el Gobierno regional provea una línea de subvenciones que contribuyan a paliar el coste de la insularidad y faciliten a las empresas la distribución del “casi inexistente” material de salud laboral en la región. Asimismo, el PSC solicitará al Parlamento, a través de la segunda iniciativa, que se dirija al Estado con el fin de que la Inspección de Trabajo actúe como adjunto a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la persecución y sanción de las infracciones sobre la seguridad laboral.
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