El Consejo del Poder Judicial salió ayer a defender la sentencia en la que la Audiencia de Barcelona culpa a un obrero que quedó tetrapléjico tras sufrir una caída en una obra que no cumplía las medidas de seguridad, y que absolvió a los empresarios.
Los vocales Adolfo Prego, Enrique Míguez y José Luis Reguero recuerdan que el trabajador, Enrique Pociño, eligió la vía penal para actuar contra los propietarios de la obra, Manuel Andrés Marcias y Mariano Roca, para resolver «un supuesto delito de lesiones por imprudencia». Aclaran los vocales que «era esto lo que se juzgaba, la responsabilidad criminal y no si el señor Pociño tenía o no derecho a una indemnización económica».
Insisten en que el proceso debía decidir si los acusados eran o no autores de un delito y, «como tales, merecedores de la pena de un año de prisión que interesaba a la acusación, y no el determinar si eran o no deudores de una compensación económica derivada del accidente».
Recuerdan que, en este sentido, la Audiencia de Barcelona decidió que no había base suficiente para proceder a dictar la condena ya que «el hecho se había producido en condiciones que excluían la responsabilidad criminal de los dos empresarios mencionados». Añade asimismo que la sentencia no implica que «el trabajador no tenga derecho a una compensación económica por tratarse de un accidente laboral recurriendo a la vía civil o laboral».
Críticas
Los vocales del Poder Judicial también mostraron en su nota su malestar con el hecho de que «algún alto cargo del Estado critique la resolución judicial sin haber hecho un estudio previo y detenido». Se refieren al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que la semana pasada manifestó su discrepancia.
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