Las multas impuestas por los accidentes o por incumplir la legislación no están logrando que las empresas mejoren su seguridad laboral. Así lo admitió ayer en Vitoria el subdirector general de la Inspección de Trabajo, Ángel Luis Sánchez Iglesias. El director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Leodegario Fernández, por su parte, admitió que algunas compañías «prefieren pagar los 30.000 euros aplicados a las faltas graves a afrontar planes de seguridad cuya aplicación puede suponer más de un millón».
Los dos altos cargos del ministerio de Trabajo participaron ayer en el VI Foro de la Fundación Laboral San Prudencio. La edición de este año dedica uno de sus apartados al proyecto de ley que reformará, antes de finales de año, la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ambos ponentes explicaron que la reforma «desarrolla la integración de la actividad preventiva en la empresa», ya enunciada en la norma de 1996, pero que se ha implementado de manera muy limitada al recurrir los empresarios a encargar a servicios ajenos el cumplimiento de sus obligaciones de prevención.
Sánchez Iglesias afirmó que bastantes empresas «han considerado erróneamente que la gestión de la prevención consiste en la contratación de una entidad especializada que realice los informes legalmente exigibles». A partir de ahí, añadió, «han estimado que su obligación se reduce a tener a disposición de la Inspección la evaluación de riesgos». Todo ello ha originado, a juicio del responsable del instituto estatal de seguridad laboral, que «la prevención no ha sido asumida por los empresarios».
La reforma legal determinará cómo deben integrarse los aspectos preventivos en cada lugar de trabajo, y establecerá multas por la falta de integración. El responsable de Salud Laboral de ELA, Íñigo Sagarna, expresó a EL CORREO sus dudas sobre el reajuste legal. Afirmó que «lo ocurrido con la prevención es la consecuencia de una ley copiada de países con gran experiencia en esa materia, que no encaja con la cultura preventiva existente en las empresas de aquí». Añadió que «mientras las empleadores consideren la prevención como un coste, no habrá un cambio de signo en su aplicación efectiva».
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