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Navarra fomenta protocolos de atención a la violencia interna en las empresas y administraciones públicas

Navarra fomenta protocolos de atención a la violencia interna en las empresas y administraciones públicas

La publicación ha sido presentada este martes por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, quien ha estado acompañado por la directora gerente del ISPLN, Mª José Pérez, y por el jefe del Servicio de Salud Laboral, Iñaki Moreno.

Domínguez ha asegurado que la "salud laboral es una prioridad clave del departamento de Salud en el plan de acción 2015-2019, cuyo primer objetivo es asegurar la protección, la prevención y promoción de la salud".

En este sentido, ha explicado que "en las encuestas de condiciones de trabajo y salud laboral, los riesgos psicosociales se consolidan como uno de los riesgos emergentes y que además reclaman una actuación prioritaria". "Se ha producido un gran avance de los estudios de evaluación de estos riesgos y sobre su relación con los daños que producen, sin embargo estos avances no se han acompañado de su aplicación en las empresas", ha indicado.

A este respecto, Domínguez ha comentado que "en un estudio reciente se pone de manifiesto que solo el 22,5% de las empresas han evaluado estos riesgos y solo en la mitad de ellas se ha ejecutado alguna medida correctora, comparando con el resto de riesgos que se han evaluado en el 68% de las empresas y ejecutado medidas correctoras en el 80%".

Asimismo, el consejero ha señalado que "tampoco existen suficientes herramientas de apoyo para su identificación y corrección, ni existen protocolos de prevención, atención a víctimas, etc".

Fernando Domínguez ha expresado que este tipo de riesgos psicosociales "ocurren más en el sector servicios" y "hay una mayor incidencias de casos en grupos más vulnerables, en aquellas actividades económicas más feminizadas y en ocupaciones de menor cualificación".

Por otra parte, Domínguez ha destacado los efectos con los que se asocian como son los trastornos mentales comunes, la patología cardiovascular, las lesiones musculoesqueléticas o accidentes, el aumento de conductas no saludables el incremento del absentismo laboral.

La directora gerente del ISPLN, María José Pérez, ha comentado que el Programa de Riesgos y Daños Psicosociales tiene como objetivos "el incremento de la detección de estos daños y riesgos, así como la mejora de su gestión en las empresas de los sectores y poblaciones diana prioritarias ya citadas, tras rigurosos estudios para su identificación .

Este programa recoge acciones para mejorar este ámbito durante 2017 y 2018. Entre estas, Pérez ha destacado el Plan de Visitas a Empresas por técnicos del Servicio de Salud Laboral, dirigido a la detección de riesgos, las propuestas de mejora y verificación posterior, la colaboración con Inspección de trabajo en su campaña estatal de riesgos psicosociales ya acordada entre ambas instituciones para 2018 o la elaboración y difusión de materiales técnicos.

Asimismo, otras líneas de trabajo son la formación de todos los agentes y recursos preventivos, el refuerzo de la colaboración con los profesionales de los centros de salud en la detección y notificación de casos, la elaboración y difusión de diversos materiales de divulgación dirigidos a agentes sociales y población trabajadora o diversos estudios e investigaciones sobre el tema.

Finalmente, ha destacado la oferta de servicios de los técnicos de Salud laboral de mediación ante conflictos prolongados, participación en las comisiones de investigación sobre casos de acoso moral y sexual, e intervención directa en estos casos en determinados supuestos como trabajo autónomo, pequeñas empresas, ausencia de recursos preventivos, o empresas familiares.

Por su parte, el jefe del Servicio de Salud Laboral, Iñaki Moreno, ha comentado que desde 2009 existe en Navarra un registro de casos de daños psicosociales en el trabajo, notificados principalmente desde Atención Primaria e Inspección Médica y estudiados y analizados convenientemente.

Así pues, ha señalado que en 2017 se han registrado 211 casos, uno más que en 2016 (210), pero 26 menos que en 2015 (237). Moreno ha asegurado que el índice de incidencia de casos ha ido creciendo desde la implantación del registro en el año 2009 hasta el año 2014, que alcanzó los 120 casos por cada 100.000 personas expuestas, y desde entonces ha descendido ligeramente. En 2017 esta tasa ha sido de 100 casos por cada 100.000 trabajadores.

Además, Moreno ha señalado en Navarra el 70% de estos casos se asocian a riesgos psicosociales laborales de naturaleza relacional.

Es por ello que desde el ISPLN se han editado en primer lugar los materiales sobre riesgos de base relacional, que en su mayor parte se incluyen en el campo de la violencia interna en los centros de trabajo.

Se han editado tres tipos de materiales, con 2.000 ejemplares de cada uno de ellos. La guía de carácter técnico se destina a las entidades, recursos y agentes preventivos de las empresas, mientras que el folleto y desplegable editados simultáneamente, sobre las características de estos riesgos y la forma de abordarlos, se dirigen a la información y sensibilización de trabajadores y agentes sociales, y se proponen para su difusión general en el mundo del trabajo.

En cuanto a la guía, el documento enumera en primer lugar las conductas y situaciones objeto del protocolo, como son el acoso moral en el trabajo (mobbing), el acoso sexual o por razón de sexo, el acoso discriminatorio (por origen racial o étnico, la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona), maltrato, agresiones y conflicto interpersonal prolongado.

Así pues, el protocolo de una empresa debe ser un documento sencillo y operativo, encaminado a la acción inmediata. Para su elaboración es preciso un proceso de negociación con la plantilla y contar con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud o, en su caso, de la representación sindical en materia de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a las garantías básicas a contemplar en el protocolo, la guía cita, entre otras, la confidencialidad de las denuncias, la no impunidad de aquellas conductas violentas que se detecten y hayan sido objetivadas, plazos cortos en la investigación y resolución, así como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la Comisión de Investigación.




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