Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional sofocaron el pasado 12 de diciembre una rebelión del presidente de la asociación que las agrupa contra la Seguridad Social; desautorizaron una carta remitida por éste al director general de Ordenación de la Seguridad Social y se plantean elegir un sustituto de Juan Echevarría en la nueva reunión que celebrarán en enero. Siempre que se perfile un candidato, que todavía no tienen claro.
En el trasfondo del conflicto está la competencia entre mutuas y el destino de los excedentes que generan. En su caso no se puede hablar de beneficios, porque las mutuas actúan como entidades colaboradoras de la Seguridad Social: cobran las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional y pagan las correspondientes prestaciones.
Trabajan con dinero público, y por eso los excedentes que se producen, una vez que han cubierto las reservas a las que les obliga la ley, revierten de nuevo al sistema de pensiones a través del Fondo de Prevención y Rehabilitación y del Fondo de Reserva. La Seguridad Social ha recurrido este año a ambas huchas para solucionar sus tensiones de tesorería, debido a la caída de ingresos por cotizaciones, que llevarán a un déficit al cierre del ejercicio de unos 10.500 millones de euros.
El origen del conflicto actual es una enmienda introducida en los presupuestos de 2013 por el grupo popular que establece una moratoria en el plazo en que una empresa o un trabajador autónomo deben permanecer con una mutua. En 2010, la anterior administración de Seguridad Social estableció por primera vez, de forma excepcional, un periodo de tres años en el que se debía mantener la asociación de una empresa con una mutua.
El argumento era mantener cierta estabilidad dentro del proceso de fusiones que se estaba produciendo y también erradicar malas prácticas que algunas mutuas usaban para atraer nuevas empresas. Por ejemplo, la concesión de beneficios especiales a sus empresas más significadas, una forma encubierta de devolverles parte de las cotizaciones. De forma voluntaria, y tras un acuerdo de supresión de las malas prácticas, buena parte de las mutuas las erradicaron. El resultado de ambas actuaciones fue un aumento de los excedentes de las mutuas de 4.702 millones y 4.856 millones en 2010 y en 2011, ya en plena crisis y con caída de ingresos por cotizaciones, mientras que siete años antes la suma de excedentes era sólo de 719 millones, y en 2007 de 1.926 millones.
Este año concluyó la moratoria establecida en 2010, pero la Seguridad Social ha introducido otra a través de la ley de presupuestos mientras entra en vigor una nueva ley de régimen jurídico de las mutuas, para lo que hay plazo legal hasta agosto de 2013. En un oficio de 4 de diciembre, el director de Ordenación, Rafael Barberá, informó de la moratoria. La mayoría de las mutuas se mostró partidaria de la moratoria y de que la nueva ley defina el escenario de competencia entre ellas. Un asunto complejo, dado que el artículo 5 del reglamento de mutuas prohíbe retribuir actividades comerciales.
Además, las mutuas tienen precios -cotizaciones- fijos, y el servicio que ofrecen -prestaciones- también. Algunas apuntan a que, del monto de excedentes, un 70-80 por ciento vaya a las huchas de la Seguridad Social y el porcentaje restante se utilice “con criterios de estímulo para las empresas que más reduzcan su siniestralidad”, como una forma de bajar sus cotizaciones y erradicar malas prácticas.
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