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Las mutuas vascas gestionan ya las enfermedades comunes del 50% de los trabajadores vascos. Si en el caso de las enfermedades profesionales las mutuas dan servicio al 97% de los empleados afiliados a la Seguridad Social, en el caso de las contingencias comunes el colectivo crece año tras año a un ritmo que multiplica por dos el de la afiliación al sistema público. Los sindicatos creen que en total, contando a los autónomos puede hablarse ya del 60% de los empleados, y reclaman capacidad de decisión para contratar sus servicios así como participación en su gestión.

En total son ya casi 450.000 trabajadores de los 882.000 que en diciembre de 2006 estaban afiliados a la Seguridad Social, cuyas empresas han contratado con las mutuas la gestión de las enfermedades comunes.

La contingencia que es objeto de protección en este caso es la prestación económica del subsidio que percibe el trabajador cuando está de baja por enfermedad común o accidente no laboral, mientras que la prestación sanitaria la sigue ofreciendo la sanidad pública, aunque con matices.

La mutua, una vez que la empresa contrata con ella el servicio de las contingencias comunes, puede realizar un reconocimiento médico al trabajador de baja para conocer la gravedad de su proceso patológico y en su caso proponer el alta del trabajador con un informe médico motivado -el alta la concede el servicio vasco de salud, Osakidetza-. El Gobierno del PP planteó una reforma en 1993 que autorizaba a las mutuas a conceder el alta, pero fue paralizada por la oposición radical de los sindicatos.

Para lo que sí tiene capacidad es para realizar pruebas diagnósticas como radiografías, resonancias o análisis, entre otras, además de intervenciones quirúrgicas, con el fin de acortar el periodo de espera en muchos procesos patológicos, es decir, reducir el absentismo laboral.

Las bajas de menos de quince días son las más caras para las empresas ya que el 75% del coste directo lo abona la empresa. La Seguridad Social, -o la mutua si tiene un acuerdo con la empresa- afronta el restante 25%. Este 25% supuso en 2005 en todo España 6.956 millones, 0,75% del PIB. Esta cantidad supuso ese año el 8,07% del coste de todas las prestaciones sociales, cuando, por ejemplo, el total de las pensiones no contributivas supuso el 2,2% y las de maternidad, el 1,6%.

El 83% de las horas perdidas en las empresas son debidas a las enfermedades comunes, y el 64% de esas enfermedades son de menos de quince días.

Los sindicatos califican de contradicción que si a las mutuas las pagan los trabajadores -directamente en el caso de las contingencias profesionales y accidentes de trabajo a través de las nóminas, e indirectamente vía Seguridad Social en el caso de las enfermedades comunes-, no parece muy lógico que los sujetos y pagadores de la prestación no tengan ninguna participación en la contratación de la mutua, ni en su gestión.

Todos los sindicatos consultados creen razonable tener capacidad de decisión en la contratación de esos servicios para que “esta no le deba nada al empresario”. Además, critican que en sus órganos de decisión no cuenten con las fuerzas sociales, como ya sucede en otros países europeos. Sin embargo, todavía no es una reivindicación usual en el sector privado

En el caso del sector público, donde el absentismo es mucho mayor, los sindicatos pusieron freno a la posibilidad de que las mutuas se hicieran con el control total de la situación y ya desde 2001, incorporando un artículo en el convenio de la Administración vasca que decía: “El Gobierno (vasco) se compromete a que la gestión económica y el control de las altas y bajas por tazón de Incapacidad Temporal por causa de enfermedad común se mantenga en el ámbito del INSS”.

Las mutuas son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. No hay, pues, beneficios en su explotación. Los excedentes hacen crecer su patrimonio, aunque la nueva legislación que está en el Congreso, les va obligar a entregar parte de esos excedentes al Banco de España. Son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, debido a que manejan dinero público.

Las fuerzas sociales creen que en el momento en que el 80% de los trabajadores estén afiliados a las mutuas para las enfermedades comunes habrá dos sistemas sanitarios. “Niños y viejos en el sistema público y los trabajadores en la sanidad de las mutuas, con sus redes asistenciales y hospitalarias”.

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El País

Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.

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