En el borrador de la Lei de Ordenación da Minaría de Galiza se prevé la creación de un cuerpo de inspectores y se incluyen sanciones que pueden llegar a un millón de euros.
La Consellería de Innovación e Industria prevé modificar el artículo 33 de la Lei do Solo para que las actividades extractivas mineras se puedan ampliar a suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal, según se recoge en el anteproyecto de la Lei de Ordenación da Minaría de Galiza (LOMG).
El Conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, y el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Calvo, presentaron ayer al sector minero este borrador para que lo puedan estudiar, redacten alegaciones y contribuyan a enriquecer esta nueva normativa que sustituirá a la ahora vigente, que data de 1973.
La Consellería pretende actualizar la normativa actual y regular el sector, en gran medida debido a la escandalosa proliferación de canteras en situación irregular en los últimos años. “hay que pasar a la legalidad algo que está en alegalidad”, señaló Anxo Calvo. Fernando Blanco aseguró que la intención es que el proyecto de ley sea aprobado por el Consello de la Xunta y remitido al Parlamento en septiembre, para que esté definitivamente aprobado antes de final de año.
Esta ley será la primera que regule el sector de la minería en Galicia. Desde la Consellería de Industria se pretende, además, modificar y simplificar la intervención administrativa, y reconducir a la modernidad el sector con una innovación tecnológica orientada a la sostenibilidad y al cierre de la cadena de valor de los recursos mineros.
Esta planificación minera tendría que desenvolverse en el marco de la ordenación de la economía y el territorio y con la participación política de los sectores sociales y políticos implicados.
En este anteproyecto de lei presentado, el Consello da Minaría de galiza se configurará como un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración en materia de minería y se prevé la creación de un Rexistro Mineiro de Galiza, que será de carácter público e incluirá todos los derechos mineros autorizados o concedidos en la Comunidad Autónoma.
Otro aspecto que se recoge en el borrador, además de estos dos organismos, es la aprobación de un Plano da Minaría de Galiza, que actuará como máximo instrumento de planificación de la política minera y que tendrá una vigencia temporal de cinco años, tiempo en que se revisará y actualizará. La planificación de estas líneas estratégicas de actuación partirá de un diagnóstico del sector.
Sus principios serán los de desarrollar los ejes básicos de actuación administrativa, establecer las bases del desarrollo de una minería sostenible y promocionar la I+D+i para introducir la mejora tecnológica y la diversificación económica.
La normativa apunta que, para la obtención de derechos mineros, tendrán participación los ciudadanos con información pública, el ayuntamiento en el que se pretende ejercer ese derecho y los órganos autonómicos competentes en materia ambiental y de ordenación del territorio.
Se crearán además cuerpos de funcionarios competentes en materia de minas y con conocimientos de prevención de riesgos laborales, para actuar como inspectores. Las sanciones serán de entre 1 a 10.000 euros las leves, de 10.001 a 200.000 las graves y de hasta un millón de euros las muy graves.
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