La Inspección de Trabajo de la Junta investiga si en las obras de la Autovía A-7, donde se produjo el accidente que costó la vida a seis trabajadores, se cumplían los horarios de descanso, según anunció el consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su comparecencia en el Parlamento para esclarecer las causas del mayor siniestro laboral ocurrido en la comunidad en los últimos años. Esta medida responde a las declaraciones de algunos obreros portugueses que señalaron que tenían jornadas de hasta once horas.
El responsable de Empleo, quien intervino a petición propia y del PP, formación que reclamó “responsabilidades políticas”, subrayó que todo indicaba desde el principio que se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales, que los contratos de los obreros portugueses se ajustaban a la legalidad y que no había denuncias sindicales sobre la obra.
Su comparecencia estuvo marcada por el secreto de sumario decretado por el juez encargado de esta investigación, lo que provocó que el consejero no respondiese a muchas de las preguntas que se le plantearon, principalmente desde IU –que pidió una comisión de investigación en la Cámara–, y sólo hiciera una breve referencia al origen del siniestro: “Se han planteado muchas causas del derrumbe, incluso un problema de energía eléctrica”.
Antonio Fernández destacó el funcionamiento en este caso del convenio firmado con la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Andalucía. Este acuerdo, según los datos facilitados por el consejero, ha permitido la paralización de 187 obras en Andalucía, el 9,6 por ciento en Granada.
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