Este año ha estado tranquilo en materia laboral. Los desencuentros entre Gobierno y sindicatos de los pasados años, que desembocaron incluso en una huelga general en 2003, han derivado en 2004 en una moderada paz social. El cambio de Gobierno en marzo colaboró a poner un punto y aparte en todas las desavenencias existentes, y sindicatos y empresarios se mostraron cautos esperando a contemplar la evolución de las promesas electorales. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional, el periodo de cotización, la contratación temporal, la inmigración, la formación o la prevención de riesgos laborales siguieron siendo los temas estrellas a debatir en el terreno laboral.
Gobierno, sindicatos y patronal tenían este año un tema claro: la necesidad de profundizar en las reformas laborales aún pendientes a través del diálogo social. La llegada del Partido Socialista al poder reafirmó aún más este deseo con la promesa del nuevo Ejecutivo de no imponer ninguna medida de fondo a los agentes sociales.
El Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales fijó en esta nueva legislatura sus prioridades en materia laboral en establecer un amplio diálogo social para “recomponer las condiciones dignas de trabajo” reduciendo la temporalidad y la siniestralidad, regularizando la subcontratación y elevando el Salario Mínimo Interprofesional.
Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO apostaron por que la nueva etapa de Gobierno socialista propiciara un verdadero cambio en el modelo productivo español invirtiendo en capital tecnológico y humano. En su opinión, “se abre una etapa de esperanza para los trabajadores” con el compromiso de incrementar la formación, modificar el patrón de crecimiento económico y luchar contra la precariedad laboral.
Por su parte, los empresarios pidieron más flexibilidad laboral, mejorar la eficacia de la Administración Pública y obtener las infraestructuras necesarias para incrementar la competitividad de la economía española. La CEOE pidió al Gobierno una reforma laboral basada en una reducción generalizada de cotizaciones, la simplificación de contratos y el cambio de la negociación colectiva.
El buen talante de todas las partes se vio plasmado en el mes de julio en la firma de una declaración entre Gobierno, sindicatos y patronal por la competitividad, el empleo estable y la cohesión social. En la declaración se establecen las bases y las materias objeto de debate entre las que destacan la contratación temporal, la inmigración, la formación permanente, la prevención de riesgos laborales o la negociación colectiva.
La declaración consta de trece materias que están siendo objeto de negociación dentro del proceso que los firmantes desarrollaron a partir del mes de septiembre. Todas las partes mostraron su intención de fortalecer el mercado laboral español apostando por un modelo de crecimiento económico “equilibrado y duradero”.
Una de las promesas electorales más destacadas en materia laboral del Partido Socialista fue el aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600 euros. La promesa de las urnas se llevó finalmente a la práctica y el incremento se está realizando de forma escalonada para que el impacto en el mercado laboral sea asumible.
La primera subida que fue llevada a cabo en el mes de julio fue del 6,6 por ciento situándose el SMI en 490 euros. Los beneficiados por la medida son alrededor de 600.000 personas, cifra en la que se incluyen los trabajadores que reciben el SMI y los receptores de prestaciones del sistema de protección por desempleo.
El Ministerio de Trabajo asegura que la medida permitirá a los trabajadores recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde 1997.
Además, la regulación del Salario Mínimo incorpora su desvinculación de todas las prestaciones públicas a las que iba ligado hasta ahora (ayudas al estudio, libros, becas, ayudas a la vivienda). Se sustituirá por un Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples cuya cuantía se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La subida del SMI supone un gasto para los servicios públicos de empleo en 128 millones de euros hasta final de año, mientras que la Seguridad Social incrementará sus ingresos en 18,35 millones de euros después de haber cambiado las bases mínimas de su cotización.
Otro de los compromisos del nuevo Ejecutivo entrante fue el de que todas las pensiones públicas serían actualizadas para garantizar el poder adquisitivo. De esta forma tres millones de personas podrían ver mejorada su prestación entre un 3 y un 6,5 por ciento. Además, el Gobierno socialista también se comprometió a buscar una fórmula para corregir las posibles desviaciones entre la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y el aumento final de la inflación.
Los cálculos son que el Ministerio de Trabajo tenga que destinar unos 1.736 millones de euros para compensar a los pensionistas de la Seguridad Social por la desviación de precios en caso de que el IPC de noviembre, que se conocerá el próximo día 15 de diciembre, coincida con el indicador adelantado por el INE y que sitúa el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en el 3,4 por ciento, casi un punto y medio por encima de la previsión oficial de inflación para este año (2 por ciento).
Pero si en la subida de las pensiones todos estaban de acuerdo no ocurría lo mismo en la posible ampliación del cálculo de las mismas.
El Gobierno asegura que sólo tiene previsto analizar la ampliación del periodo de pensiones para casos específicos e insiste en que los cambios en la jubilación llegarán “hasta donde haya consenso social”, pero los sindicatos temen que finalmente la ampliación se realice y que esto suponga un recorte del 25 por ciento en la expectativa de pensión de los trabajadores españoles.
Las posiciones son flexibles, CC OO y UGT están dispuestos a negociar con el Gobierno una posible ampliación del periodo de referencia que se utiliza para calcular las pensiones, siempre que repercuta en una mejora del sistema de protección social y que no suponga un recorte de las mismas.
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