El Consejo de Ministros acordó hoy dar contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo, su transmisión por procedimiento electrónico, y la regulación en la utilización del sistema de declaración electrónica para la comunicación de dichos accidentes.
En su requerimiento, el Gobierno catalán solicita la derogación o el cambio de redacción de las disposiciones, a fin de que los accidentes de trabajo sean formalizados ante la autoridad laboral competente en cada comunidad autónoma mediante los modelos oficiales, formatos y soportes aprobados por ellas y, en su caso, se determine la información que las comunidades deban transmitir al Ministerio de Trabajo.
El Gobierno central estima que, frente a la pretensión de circunscribir el ámbito material al laboral, el requerimiento atañe también al ámbito de la Seguridad Social y concierne igualmente a la Constitución.
Así, entiende que al Estado le corresponde, por un lado, la totalidad de las competencias normativas y las ejecutivas necesarias para mantener la unidad del sistema, y por otro la legislación básica, mientras que es deber de la comunidad autónoma de Cataluña el “desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma”.
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