El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado han decidido endurecer la persecución legal de los accidentes laborales, que cada año afectan a más de un millón de trabajadores en España, la cifra más alta de toda la Unión Europea (UE). A tal fin, en los próximos días tienen previsto firmar un convenio de colaboración a cuatro bandas, en el que también participarán los ministerios de Interior y de Trabajo.
Según el documento que han elaborado de manera conjunta, su objetivo es “coordinar una política firme y eficaz” que logre reducir de manera real las altas cifras de siniestralidad laboral y, al mismo tiempo, “evitar la impunidad de sus responsables”. Respecto a este punto, políticos, jueces y fiscales han acordado que estos últimos ejerzan un control mayor sobre la ejecución de las sentencias recaídas por este tipo de delitos. En bastantes casos, los empresarios condenados han logrado continuar con su actividad, pese a ser inhabilitados para ello.
Los tribunales también asumirán su parte de responsabilidad en este problema, para lo cual requerirán al Registro Mercantil que informe de todas las sociedades en las que aparezcan los condenados de cara a evitar que las prohibiciones impuestas a esos empresarios queden en “papel mojado”.
Otra de las medidas incluidas en el citado protocolo de actuación contra la siniestralidad laboral se refiere a la diligencia con la que se ha de llevar la investigación de estos accidentes, al objeto de evitar que se puedan destruir pruebas desde un principio.
Jueces e inspectores colaborarán para que los segundos puedan personarse con la mayor rapidez posible en el lugar del siniestro. Los instructores judiciales, por su parte, “podrán ordenar el precinto del centro, lugar o puesto de trabajo donde se haya producido el accidente hasta que finalice la investigación de la Inspección de Trabajo”.
Además, algunos tribunales estudian cambiar su doctrina para que se pueda enviar a la cárcel a los dueños de la empresa donde ocurra un accidente, lo que ya pasaba si el siniestro tenía consecuencias mortales y se demostraba que había existido negligencia o imprudencia grave por parte de la compañía.
El año pasado murieron 1.338 trabajadores en accidente laboral en España, 372 de ellos “in itinere” (es decir, de camino al trabajo o viceversa), cifras que arrojan una proporción de 6,3 fallecidos por cada 100.000 trabajadores frente a la media europea de 4,1.
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