Los casos se cuentan con los dedos de una mano, pero la Diputación, en su «compromiso de hacer una nueva forma de hacer política», ha suscrito un protocolo de actuación con todos los sindicatos representados en la junta de personal de la administración alavesa con el propósito de prevenir posibles casos de acoso moral y psicológico en el trabajo, un fenómeno conocido como mobbing. Así lo anunció ayer el diputado de Administración Foral, el peneuvista Claudio Rodríguez, quien aclaró que este convenio no está originado por un incremento de los casos.
Según las cifras aportadas por la directora de Función Pública, Lourdes Martínez de Lagos, en el último lustro se han detectado cinco casos en una institución de 900 funcionarios. De ellos, sólo uno tuvo una trascendencia especial al tratarse de una «denuncia» realizada por escrito. El resto se basaron en «quejas» que no llegaron a más y que se dieron a conocer de una forma mucho más coloquial sin el soporte legal con el que cuenta una denuncia.
Estos cinco expedientes, recalcó Martínez de Lagos, ya han sido solucionadas de forma favorable. En lo referido al caso de la denuncia -no se especificó ni la fecha ni el Departamento en el que se dio-, la Diputación decidió recurrir a un agente externo para solucionar el problema. También en las quejas se apostó por utilizar cauces de mediación dentro de la Administración foral.
En la presentación de este protocolo, Claudio Rodríguez realizó un discurso de conciliación en el que no ahorró en elogios hacia los trabajadores forales a quienes calificó de «magníficos funcionarios a los que tenemos que cuidar» por su «extraordinario perfil personal y profesional». El también teniente de diputado general enmarcó la firma de este acuerdo en el interés del Ejecutivo alavés por «garantizar la participación de todos para llegar a acuerdos como éste».
Ya en lo relativo al protocolo, el documento girará en torno a cuatro puntos. Primero, apuntó Rodríguez, será necesario definir qué es acoso moral o psicológico en el trabajo. Luego, «debemos trabajar en la identificación de los casos y en las diferentes tipologías que puede presentar». En tercer lugar, la administración deberá evaluar las consecuencias que puedan derivar de la denuncia para después, y por último, establecer cuáles son las herramientas más eficaces para atajar el problema.
Así, el documento orientará a los trabajadores sobre cómo interponer una denuncia, por qué tipos de conductas se puede iniciar el proceso, ante quién debe denunciarse, los plazos para presentar la queja, las garantías de confidencialidad o la obligatoriedad de respuesta de la administración.
Para intentar prevenir este tipo de situaciones de acoso, el objetivo de la Diputación es que los trabajadores se sometan a pruebas que evalúen su situación psicosocial para así detectar a los empleados más susceptibles de sufrir mobbing, ya sea tanto por su carácter como por su puesto de trabajo. El convenio, además, deja la puerta abierta a que la denuncia se analizada por un agente externo a la institución foral.
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