El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció hoy que su departamento y el Ministerio del Interior trabajan en la creación de una policía especializada en siniestralidad laboral para facilitar a los fiscales la investigación y persecución de los delitos cometidos en este ámbito.
Conde-Pumpido participó en Granada en la inauguración de las I Jornadas de Especialización de Fiscales en Materia de Siniestralidad Laboral, junto a los consejeros andaluces de Justicia, María José López, y Empleo, Antonio Fernández, y el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón.
En declaraciones a la prensa, Conde-Pumpido explicó que se está diseñando el protocolo de actuación de la policía especializada en siniestralidad laboral, que fijará cómo debe llevar la investigación en colaboración con las autoridades laborales para identificar a los responsables.
Apuntó que la creación de este cuerpo especializado se hace necesario porque los principales problemas a los que se enfrenta el Ministerio Público para perseguir delitos en materia de riesgos laborales son la investigación de los hechos y la determinación de su autoría, lo que se complica aún más en el caso de subcontratas en cadena.
Señaló que la Fiscalía va a concentrar sus esfuerzos en perseguir a ese “reducido” grupo de empresarios “desaprensivos” que a través del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales ponen en serio peligro la salud y la vida de los trabajadores, y garantizó que su departamento va a investigar cada caso con el máximo rigor para sancionar a los responsables e impartir justicia.
Subrayó que su objetivo es que los fiscales persigan el incumplimiento de la norma antes de que se produzca un accidente mortal o grave, actuando así con carácter preventivo, porque, dijo, “la Justicia debe adelantar su barrera de protección y sancionar el incumplimiento de las medidas antes de que haya un muerto”.
En este sentido, señaló que durante 2004 aumentó de manera “muy relevante” el número de procedimientos en materia de siniestralidad laboral, sobre todo en casos en los que no hubo accidentes.
“Antes no había casi asuntos penales en los que se hubiese actuado de manera previa a un resultado mortal”, dijo Conde-Pumido, quien destacó que ese “significativo aumento” se ha logrado gracias a la colaboración establecida con la Inspección de Trabajo, “que ahora nos comunica las actas de accidentes”.
Preguntado por si considera que la legislación es permisiva con los empresarios que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dijo que, en su opinión, “no se trata de un problema de legislación, ya que ésta ofrece suficientes recursos para actuar en el campo preventivo, administrativo y penal”, sino que lo que se necesita es una “respuesta más eficaz y coordinada entre todas las administraciones públicas”.
Respecto a la propuesta de algunos empresarios de despedir a los trabajadores que incumplan la normativa, Conde-Pumido explicó que no considera que haya que trasladar la responsabilidad “a la víctima”, ya que corresponde a la empresa controlar y vigilar el cumplimiento de la ley.
Por su parte, el consejero de Empleo explicó que lo más importante para luchar contra la siniestralidad es “educar en la prevención” y avanzó que, a partir de abril, se desarrollará una acción formativa por la que unos 10.000 jóvenes recibirán información sobre normas básicas de prevención.
Fernández destacó que sus técnicos han confirmado que existen menos riesgos de accidente “en aquellas empresas que están asociadas a patronales y sus trabajadores están afiliados a sindicatos, porque existe una actitud de mayor cumplimiento normativa”.
Las jornadas, que se prolongarán hasta el martes y en las que participan más de cien personas, de ellas 33 fiscales, se enmarcan en el convenio de colaboración firmado entre la Junta y el Fiscalía General del Estado en materia de siniestralidad laboral, semejante a los suscritos en los ámbitos de medio ambiente y violencia de género.
Conde-Pumpido señaló que estos convenios han convertido a Andalucía en el “modelo a seguir”, a lo que la consejera de Justicia añadió que son fundamentales porque “la clave está en la especialización de los fiscales”.
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