El marido y los tres hijos de Encarnación Vargas Jiménez, fallecida a los 52 años como consecuencia de un cáncer de pulmón provocado por el consumo de tabaco, han reclamado al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía una indemnización de 841.417 euros por responsabilidad patrimonial.
La afectada murió a finales del año pasado como consecuencia de un adenocarcinoma en el pulmón, provocado directamente por el consumo de tabaco, según se acredita en un informe médico emitido por el SAS.
En este sentido, la Asociación de Damnificados por el Consumo del Tabaco, con sede en Málaga, ha presentado sendas demandas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), argumentando que tanto la Administración central como la autonómica incurren en responsabilidad «cuando realizan o dejan de hacer actos que perjudican a terceros».
Ley de Consumidores
En este caso, y según establece la Ley de Consumidores estatal y andaluza, ambas administraciones «debieron prohibir la venta y elaboración de tabaco, como ocurre con todas aquellas sustancias que causan un grave daño a la salud», según explicó a Europa Press el presidente de Asociación de Damnificados por el Consumo del Tabaco, Álvaro Santos.
Las demandas fueron planteadas por la asociación los pasados meses de octubre y noviembre, con el objetivo de que cada una de las dos administraciones indemnice conjunta y solidariamente al marido y a los tres hijos de la fallecida, dado que las competencias de Salud y Consumo están delegadas en la Junta de Andalucía desde el 30 de diciembre de 1981.
La Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobada el 8 de julio de 1985, establece que los bienes, servicios y productos que se comercialicen en la Comunidad autónoma deben cumplir la normativa vigente, de forma que no representen peligro para la salud de los ciudadanos.
A esta normativa se suma la Ley de Prevención de Drogas de 1997, que en su artículo tercero considera drogas a las sustancias naturales o de síntesis que disminuyan la capacidad volitiva o afectiva y que sean perjudiciales para la salud, haciendo mención específica de los estupefacientes y el tabaco.
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