Hernando Grande, que pronunció una conferencia sobre este asunto en la Real Academia de San Quirce; es autor de un informe sobre “Recomendaciones relativas a exposición a campos electromagnéticos del Consejo de la Comunidad Europea” y dirige el Instituto de Magnetismo Aplicado “Salvador Velayos” .
El profesor y académico numerario de la Real Academia de Ciencias aseguró, en declaraciones a EFE que en los estudios realizados sobre los límites de intensidades máximos para cada tipo de frecuencia que contempla la UE la comunidad científica no ha encontrado evidencias ni pruebas de que se produzcan efectos que perjudiquen la salud.
“Todo el mundo está de acuerdo en que el progreso, la creación de más campos electromagnéticos, tiene que ir acompañado de una sensibilidad social, que esto no cause daños -aseguró-, pero también hay que saber que todo el proceso de la vida es una interacción electromagnética, e incluso las neuronas producen corrientes eléctricas que generan campos electromagnéticos”.
Indicó también que la interacción electromagnética es necesaria para la vida, “porque si no hubiera sol no habría función clorofílica o si no existiera el fuego, no habría radiación infrarroja, que es un campo electromagnético, y no podríamos vivir”.
El catedrático de la UCM explicó que las autoridades responsables de este asunto deben fijar a través de estudios serios y rigurosos la intensidad de seguridad para cada frecuencia electromagnética emitida por estas instalaciones y aparatos.
“Hay que quitar el miedo a los campos electromagnéticos y centrar la discusión en fijar las dosis para esas frecuencias, pero ahora no puede haber un alarmismo, ni ese pánico que se está propagando entre la sociedad”, aseguró el experto.
Del mismo modo, manifestó que todas las instalaciones de antenas de telefonía móvil e incluso los propios terminales de uso cotidiano por los ciudadanos cumplen la normativa establecida por la UE en cuanto a la emisión de corrientes electromagnéticas.
“La regulación de estos sistemas está hecha con los efectos conocidos y no hay elementos de juicio que prueben con la suficiente fuerza sus supuestos efectos nocivos como para que la UE o cualquier estamento científico o sanitario cambie de criterio”, concluyó.
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