El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley contra el tabaco, que prohibirá fumar en los centros de trabajo a partir del 1 de enero, así como en aquellos bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados que no tengan una zona especial para fumadores, colectivo que en España representa alrededor del 30 por ciento de la población.
España pasó ayer a formar parte del club de los países de la UE que, como Irlanda, Noruega o Italia, tienen las leyes más restrictivas y duras en materia de consumo, suministro, venta y publicidad del tabaco. Así y cuando la normativa aprobada por el Congreso de los Diputados entre en vigor, el próximo 1 de enero, estará prohibido fumar en centros de trabajo públicos y privados, centros sanitarios, docentes, instalaciones deportivas cubiertas, zonas destinadas a la atención al público, centros comerciales, culturales, bibliotecas y museos, entre otros.
Antes de aprobar el texto, el Congreso rechazó algunas enmiendas introducidas en el Senado, por el PP y CiU, que defendían la financiación de los tratamientos para dejar de fumar o la ampliación del plazo de 8 meses para que bares y restaurantes habiliten zonas de fumadores.
La que si fue aceptada es la enmienda que prevé un plazo de tres años para la finalización del patrocinio y publicidad del tabaco en los eventos deportivos, señaladamente en las competiciones de motor, así como en el vestuario y vehículo del deportista de esta modalidad.
Esta ley, que regula la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, reconoce en su preámbulo que el tabaquismo en España es la primera causa aislada de mortalidad y todos los grupos estuvieron de acuerdo en destacar que la norma viene a defender el bien jurídico de la salud y de ahí su total apoyo al “marco general”.
Concretamente en Canarias la Consejería de Sanidad tiene previsto comenzar una campaña de información a los empresarios sobre qué tienen que hacer para cumplir esta ley.
Al intervenir en el pleno de la Cámara Baja para presentar la norma a los diputados antes de abrirse el turno de debate y votación de la norma, Salgado consideró que se han sentando las bases para que las nuevas generaciones vivan como normal lo que “para nosotros ha sido una excepción”.
Previamente a su aprobación la ministra de Sanidad, Elena Salgado, indicó que esta ley “favorece a todos y no va contra nadie” y supone un “avance fundamental” en la defensa de la salud pública. En España, indicó, más de 50.000 personas mueren al año a causa del tabaco, lo que supone el 16 por ciento de todas las muertes entre los mayores de 35 años, y más que las muertes producidas por el sida, el alcohol, y los accidentes de trabajo y tráfico todos juntos. También recordó que el tabaquismo es la primera causa de enfermedad e invalidez en España y que el consumo del tabaco está relacionado con más de 25 enfermedades, como el cáncer o las dolencias cardiovasculares.
Ante estos datos, la ley aprobada pretende implantar una serie de medidas preventivas y de reducción del habito tabáquico, finalidades que todos los grupos afirmaron compartir durante el debate, aunque CiU o PP hicieran constar su desacuerdo por la exclusión de sus citadas enmiendas.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria pondrá en marcha medidas para convertirse en un centro libre de humo de tabaco a partir del 1 de enero de 2006, y recuerda que el 25 por ciento de los trabajadores sanitarios son fumadores habituales.
Por ello el hospital ha puesto en marcha una campaña de información a los trabajadores con motivo de la entrada en vigor de la ley sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo, por la que se prohíbe fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre, señala la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado.
El hospital de La Candelaria ha creado un comité para la prevención del tabaquismo formado por profesionales de las áreas médica, enfermería, gestión, representación sindical y técnico en prevención de riesgos laborales.
La Federación de Empresarios de Hostelería (FEHT) de Las Palmas mostró su rechazo a la Ley del Tabaco porque, en su opinión, convierte a “la hostelería en policía y guardián” e incluye exigencias imposibles de cumplir. La FEHT considera que la ley establece a “la hostelería como responsable subsidiario de la incapacidad de la Administración pública”.
Asimismo, recuerda que mientras al fumador que encienda un cigarrillo en un establecimiento se le impondrá una sanción de 30 euros, al restaurante o local de ocio se le impondría una de hasta 10.000 euros. La FEHT destaca también lo que considera “una trampa legal” en la creación de zonas de fumadores, ya que deben estar “adecuadamente compartimentadas”, según la ley, y en la práctica es imposible de cumplir.
La Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO) afirmó ayer su “profunda preocupación” y “desacuerdo” con el contenido de la ley. Aseguran que la definición de zonas de fumadores como zonas completamente compartimentadas son absolutamente imposibles de aplicar y que los muros de más de 30 centímetros de espesor exigidos por la ley para crear las zonas de fumadores son imposibles.
La nueva ley prohibirá fumar, a partir del 1 de enero, en centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre, en centros y dependencias de las Administraciones públicas y en centros o servicios o establecimientos sanitarios. También en centros docentes, instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre.
La misma prohibición incluye medios de transporte colectivo urbano e interurbano, taxis, ambulancias, y medios de transporte aéreo, ferroviarios y marítimos, salvo en los espacios al aire libre.
También se establecen multas que van de 300 a 600.000 euros según sean faltas leves, graves o muy graves. Se consideran leves, el que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia sanitaria y graves o muy graves habilitar zonas para fumar en lugares prohibidos.
Aunque la norma entrará en vigor el 1 de enero algunos puntos, como los referidos al régimen sancionador, entrarán en vigor tras su publicación en el BOE.
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