Según la normativa europea sobre instalaciones industriales de alto riesgo, los ciudadanos tienen derecho a conocer los riesgos, medidas de seguridad y comportamiento a adoptar en caso de accidente. En España, cuando se cumplen treinta años del accidente de Seveso, esta información –que están obligadas a facilitar las comunidades autónomas en las que se ubiquen las instalaciones- sólo está disponible en el 18% de los establecimientos afectados. Sólo Grecia, Luxemburgo y Portugal superan a España en grado de incumplimiento.
Ésta es una de las principales conclusiones del estudio “Incidencia y aplicación de la Directiva Seveso en España”, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO a partir de las informaciones facilitadas por la Administración, central y autonómica, y el último informe de la Comisión Europea de la UE(15) sobre la aplicación de la Directiva Seveso del año 2002.
La llamada normativa Seveso –relativa al control de los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas- toma su nombre del accidente ocurrido en la localidad italiana de Seveso y del que el próximo lunes 10 de julio se cumplen treinta años. La explosión de una fábrica de productos químicos próxima a dicha localidad provocó una nube de gases tóxicos que obligó a la evacuación de más de 200.000 personas, de las que más de 500 sufrieron quemaduras cáusticas.
La normativa europea, desarrollada a partir de éste y otros accidentes, establece dos niveles para las instalaciones de alto riesgo. Los que pertenecen al llamado umbral superior son los que tienen que cumplir con unas obligaciones más exigentes, dado el mayor peligro que representan para la seguridad de las personas y el medio ambiente en caso de accidente. Entre otros requisitos, estos establecimientos deben contar con Planes de Emergencia Exterior (PEE), elaborados por las comunidades autónomas en las que estén ubicados y homologados posteriormente por la Administración central.
El estudio destaca que entre un 35 – 40% de los establecimientos obligados no cuentan con un Plan de Emergencia Exterior Homologado, un requisito imprescindible para garantizar que no van a existir riesgos de accidente para la población y el medio ambiente. Refleja además que en 2002 sólo se habían realizado inspecciones en el 36,65% de las instalaciones en las que existe obligación de hacerlo. CCOO estima que en la actualidad existen 600 establecimientos afectados por la normativa Seveso. De ellos, unos 244 corresponderían al umbral superior y 348 al inferior. En las otras ocho instalaciones no se ha podido determinar su grado de afectación. El estudio pone de manifiesto las trabas que ponen las distintas administraciones a los ciudadanos a la hora de recabar información.
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