La Fiscalía de Cádiz ha detectado cinco accidentes de trabajo con heridos graves ocurridos en diferentes fechas del año pasado en distintas localidades de la provincia que no fueron investigados judicialmente. Por alguna razón aún no aclarada los juzgados correspondientes no abrieron diligencias previas sobre ellos para saber si se produjeron o no delitos de lesiones por imprudencia grave.
Los accidentes que se quedaron sin investigar fueron detectados por la fiscal de Siniestralidad Laboral de Cádiz, Ángeles Ayuso, al cotejar los partes que envía a la Fiscalía la Delegación de Empleo (de la Inspección de Trabajo) con las diligencias judiciales abiertas en Juzgados de la provincia. Los cinco accidentes han deparado la intervención de la Inspección de Trabajo, pero no consta que ningún juzgado se haya ocupado de ellos.
Todos los siniestros sucedieron en edificios en obras y en todos ellos hubo caídas de los trabajadores de distintas alturas que depararon su ingreso en centros hospitalarios.
Lo accidentes ocurrieron en Villamartín, San Roque, Algeciras, Ubrique y Arcos. En los cinco casos, ni el trabajador lesionado había emprendido acciones judiciales ni el juzgado había abierto el procedimiento de investigación preceptivo para accidentes en los que la víctima ha sufrido lesiones graves.
La Fiscalía ya se ha dirigido a los juzgados correspondientes de las localidades en las que ocurrieron los accidentes denunciando los hechos y solicitando la apertura de diligencias previas para, en su caso, seguir adelante con una causa penal que lleve a juicio al responsable o responsables del siniestro o bien archivarlo porque no se detecten indicios de delito.
Además de pedir la incoación de diligencias previas, la Fiscalía ha abierto una investigación interna para tratar de averiguar dónde se ha producido el fallo que ha provocado que esos accidentes quedasen sin investigar.
Los accidentados ingresaron en centros hospitalarios que debieron dar parte de los accidentes a los juzgados de guardia. Y los juzgados de guardia, al recibir los partes hospitalarios, debieron incoar diligencias previas y abrir la correspondiente investigación. Lo que la Fiscalía pretende es localizar dónde se quebró el trámite: si fueron los hospitales los que no informaron a los juzgados de guardia o si fueron los juzgados de guardia los que recibieron los partes de los hospitales pero no iniciaron las causas penales que debieron deparar los accidentes en los que hubo lesionados graves.
Las diligencias previas debieron comenzar por oír al lesionado, informar a la Delegación de Empleo de que se seguía la causa penal para que suspendiese el expediente sancionador administrativo y oír en calidad de testigos a personas relacionadas con la obra en la que ocurrió el accidente.
Con el resultado de la investigación interna, la fiscal de Siniestralidad Laboral, Ángeles Ayuso, planteará en la comisión provincial de Prevención de Riesgos Laborales la necesidad de elaborar un protocolo de actuación que evite esos fallos.
Además de la representantes de la Fiscalía, en la comisión están representados los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y la Inspección Provincial de Trabajo.
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