España consume casi una sexta parte del tabaco que se vende en la Unión Europea

En España se vendieron a lo largo del pasado año 4.663 millones de cajetillas de tabaco, lo que supone un total de 93.260 millones de cigarrillos, un 15% del total de las ventas que se registraron en la Unión Europea de los Quince, donde se cifran en 600.000 millones de cigarrillos. Los datos, de carácter provisional, corresponden al Comisionado para el Mercado de Tabacos y reflejan la alta prevalencia del consumo de tabaco en España, pero también de su producción. Nuestro país es el tercero en Europa, tras Italia y Grecia, en cantidades generadas, con 41.746 sólo durante 2002.

La memoria económica que acompaña el anteproyecto de Ley contra el tabaquismo, ahora en fase de informe de los consejos de Estado y Económico y Social, calcula los cigarrillos que cada español consume anualmente en España en 2.281 unidades, es decir, unas 114 cajetillas, lo que supone un gasto por ciudadano de unos 248 euros por año y uno total de 10.126 millones de euros.

Las cifras de consumo en España son elevadas. Los estudios indican que una tercera parte de los españoles fuma diariamente, unos 14 millones. El objetivo de Sanidad es que en diez años unos tres o cuatro millones dejen el tabaco, según indicó su secretario general, Fernando Lamata. Cada año se producen 50.000 fallecimientos prematuros debido al consumo de tabaco, aunque miles de personas ven seriamente disminuida su calidad de vida.

El anteproyecto tiene como una de sus prioridades la defensa de la salud de los menores. El articulado intenta que cada vez se sumen menos fumadores al segmento adulto de la población, dado que el tabaco supone para la sanidad pública más de 4.000 millones de euros. Para el Ministerio, según mantiene en la memoria económica del anteproyecto, «el nivel de recaudación actual (por impuestos) no alcanzaría a cubrir los costes del tabaquismo».

La memoria también discute las críticas de las asociaciones empresariales del tabaco, que aseguran que el articulado afectará a más de 100.000 empleos. Para Sanidad, «la disminución del consumo de tabaco no implica una pérdida de riqueza ni de empleos, dado que el dinero que antes se gastaba en tabaco no desaparece de la economía, sino que se invierte en otro tipo de bienes». También desmiente la pérdida de ingresos que las empresas registrarían por la prohibición de la publicidad y el patrocinio; «No implicará una pérdida económica para los sectores afectados ya que puede sustituirse por otros productos», mantiene Sanidad.

El anteproyecto establece las restricciones a la venta y consumo de tabaco, así como las multas que tendrán que sufrir los consumidores y el empresario que permita que se fume en su establecimiento o empresa. Por ejemplo, quien fume en lugares prohibidos puede ser sancionado con multas de hasta 600 euros. Pero quien lo permita, el propietario de un bar, por ejemplo, puede ser multado con cifras desde 601 a 10.000 euros.

Se puede dar el caso de un ciudadano que fume en un bar de más cien metros cuadrados fuera del espacio acotado. El fumador será multado con hasta 600 euros, pero el propietario puede serlo hasta con 10.000. En los bares de menos de 100 metros tendrá que ser el propietario quien decida si se fuma o no. Más allá de esa dimensión tendrá que tener zonas habilitadas o prohibirlo en todo el establecimiento.

Otra de las regulaciones que prevé el articulado es la venta de tabaco en las máquinas expendedoras. Cuando se apruebe la ley, las máquinas tendrán que estar dotadas con mecanismos de control de encendido. Habrá que avisar al propietario del bar para que la encienda y, una vez realizada la compra, para apagarla. Los industriales que las producen prevén la comercialización de mandos a distancia para activarlas o fichas para entregar al cliente.

Pero no han sido las multas, ni el aumento de las prohibiciones ni de los lugares públicos donde ya no se podrá fumar, lo que más debate está produciendo. Las máximas críticas se centran en la prohibición total de fumar en el puesto de trabajo, ni tan siquiera en lugares convenientemente apartados y aislados. El Ministerio de Sanidad no está dispuesto a modificar la norma y sólo cambiará de opinión si así lo expresan en el debate parlamentario y lo ratifican con sus votos los partidos en el Congreso. Para el Ministerio es vital la prohibición total de fumar en el trabajo para lograr reducciones del consumo de entre un 4 y un 9%.

Las voces críticas han surgido desde el Consejo Económico y Social, uno de los organismos que tiene que informar la ley. «Compartiendo el objetivo de proteger la salud pública, considera que la prohibición establecida no es la medida más eficaz, generando conflictividad en el ámbito laboral, por ello considera que debiera suprimirse, ya que el tratamiento de esta cuestión viene siendo abordado conjuntamente por las empresas y sus trabajadores».

A los sindicatos tampoco les gusta. CC.OO. lo dijo desde el principio, que era partidario, como sindicato, de dejar la prohibición de fumar a la negociación entre trabajadores y empresarios. UGT, sin embargo, comenzó a criticar cuando otros ya lo habían hecho. Así, su secretario general, Cándido Méndez, afirmó recientemente estar «de acuerdo en que no se fume», pero destacó que tiene «ciertas diferencias» con las medidas diseñadas por el equipo de la ministra Salgado para lograrlo.

«La prohibición que se ha planteado es demasiado taxativa e, incluso, podría ser inoperante en la práctica, porque va a ser muy difícil perseguir el cumplimiento de ese objetivo de erradicar el tabaquismo en el más de millón de empresas españolas», expuso Méndez. Para el sindicato, en lugar de «consagrar la prohibición total» del tabaco, el Gobierno debería «acometer un método en el que, por la vía del diálogo, se primen los derechos de los no fumadores en su relación con el fumador, y se ayude al fumador a abandonar ese hábito».

0 0 votos

Valoración