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El Decreto de prevención de riesgos laborales en la función pública aragonesa verá pronto la luz

El Decreto de prevención de riesgos laborales en la función pública aragonesa verá pronto la luz

En los próximos días se reunirá la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales para impulsar este Decreto, del que el Ejecutivo ya dispone de un borrador, que incluye una "progresiva dotación" de medios humanos y materiales.

Las prioridades de la directora general son impulsar la Administración electrónica, reducir la provisionalidad, mejorar la estabilidad en el empleo público y avanzar en el sistema de prevención de riesgos laborales, así como en la modernización de la Administración pública.

Millo ha señalado que hasta la fecha se han convocado 3.907 plazas de empleado público y que uno de sus objetivos es reducir la temporalidad para consolidar la "estabilización" del personal interino. Se convocarán 1.400 plazas para "minimizar" la provisionalidad al reducirla un 60 por ciento.

En aplicación del segundo Acuerdo para la mejora del empleo público la oferta podría llegar a 1.700 plazas, de las que 244 serían ordinarias y unas 1.500 de estabilización.

En su intervención, Millo ha señalado que es necesario dar un "considerable impulso" a la utilización efectiva de la Administración electrónica y que la Dirección General elaborará un estudio previo sobre las necesidades en este ámbito para impulsar el desarrollo de las herramientas informáticas que faciliten la gestión de los concursos y las listas de espera de interinidad.

Millo ha apostado por reducir la provisionalidad de los trabajadores de la Administración autonómica con la "decidida convicción de favorecer" sus carreras profesionales, lo que exige la revisión "completa" del sistema de provisión de puestos de trabajo con interinidad de cara a la estabilización del empleo público.

Ha abogado por avanzar en la renovación del marco normativo y organizativo del sistema de prevención de riesgos laborales de la Administración general de la Comunidad Autónoma y por continuar en el proceso de modernización de la Administración a través de la Inspección General de Servicios, así como por avanzar en el resto de competencias.

Arántzazu Millo ha planteado, para 2018, culminar la tramitación electrónica de todos los actos administrativos, proveyendo a la Administración de las herramientas electrónicas que permitan agilizar el desarrollo de los concursos de méritos, los procesos selectivos y la estabilización del personal interino.

Asimismo, se está elaborando un manual de acogida para personal de nuevo ingreso y se desplegará un programa formativo en materia de liderazgo. Además, la Dirección General revisará el diccionario de competencias para el desempeño de los puestos de trabajo y estudiará la calidad de los servicios percibida por los usuarios.

Sobre la nueva Ley de la Función Pública, ha indicado que ha leído las actas del proceso de diálogo con los sindicatos y que "no hay para nada" un acuerdo cerrado.

La parlamentaria del PP, Yolanda Vallés, ha dicho que la estabilización del personal interino será posible por los acuerdos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y a los acuerdos sectoriales estatal y autonómico. Ha preguntado cuántas plazas de las anunciadas son de incremento de plantilla.

Desde Podemos, Amparo Bella ha expresado su preocupación por el relevo de la Dirección hace unos meses, ya que, en su opinión, denota "una falta de control". "Parece un programa excelente, pero dispone de muy poco tiempo para llevarlo a cabo, cuando la calidad en los servicios públicos es un tema esencial", ha apuntado. Sobre la Ley de la Función Pública ha expuesto que "seguimos esperando una normalización legislativa a la altura de los tiempos".

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha estimado que con la designación de esta titular "se pretenden abordar los nuevos retos y lanzar nuevas medidas que pueden impulsar todo lo que resta por desarrollar en la Administración pública desde un perfil adecuado".

"El consejero vinculó el desarrollo de la Ley de función pública a un acuerdo y a tener asegurada la financiación, sin ello sería difícil traer esta normativa a las Cortes", ha recordado.

"Esta Dirección no ha estado exenta de polémica, ha dado mucho de sí, y ha habido, sobre todo, falta de entendimiento", ha aseverado la diputada del Partido Aragonés, Elena Allué. Ha criticado a quienes utilizan las estructuras de la Administración "para fines partidistas del que preside esta Comunidad Autónoma".

En opinión del portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, "en estos tres últimos años solo hemos visto promesas y pocos resultados". En este sentido, este diputado ha animado a la directora a fijar prioridades, advirtiendo de que "intentar ponerse a desarrollar nuevos provectos va a ser complicado".

"Se dedican a la gestión de la empresa más grande de Aragón y entendemos que el anterior director habrá puesto medidas en marcha", ha comentado. Además, ha calificado la ley de Función Pública como "el verdadero caballo de batalla".

En representación del Grupo Mixto-CHA, Gregorio Briz ha aconsejado a la directora general que se arme de paciencia. Ha puesto en valor "cómo se están intentando solucionar la provisionalidad de casi 4.000 plazas" y le ha preguntado su opinión sobre la Ley de función pública.





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