La Tesorería General de la Seguridad Social, la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo formalizaron ayer un acuerdo de mínimos por escrito que permite iniciar los trabajos de descontaminación de Noreña. Tras cinco horas de reunión, los máximos responsables de los departamentos de patrimonio de estas instituciones rubricaron un documento que permite establecer cierta esperanza sobre una salida a la situación de la residencia sanitaria, que lleva dos décadas cerrada y acumulando polémicas políticas.
El acuerdo permite al Ayuntamiento iniciar los trabajos de retirada del amianto hoy mismo, si la empresa concesionaria de las obras lo desea. No obstante, el acuerdo institucional aplaza el desarrollo de las actuaciones de derribo hasta dentro de siete meses como mínimo. La razón es que se tendrá que reunir una comisión formada por técnicos para formalizar el reparto urbanístico de los 18.000 metros cuadrados brutos de la residencia sanitaria.
Al menos, ya está en un papel qué parte del solar resultante irá a cada una de las instituciones. Según el acuerdo, el terreno se dividirá en tres partes. La más relevante será de 9.000 metros cuadrados y estará dedicada a un centro de salud que dará servicio a los 30.000 habitantes de los barrios de Poniente en sustitución del ambulatorio de la Plaza de la Marina (Parque Figueroa). Una segunda pieza de 1.500 metros de superficie y 3.500 edificables sobre rasante. La tercera porción de la tarta, en torno a 7.500 metros cuadrados, se dedicará a reserva sanitaria estratégica. Esta última parte se dedicará a futuras ampliaciones del centro de salud, dotaciones complementarias (viales, aparcamientos) e, incluso, nuevas inversiones de la Junta de Andalucía en Córdoba circunscritas a actuaciones sanitarias. La parte no ocupada del solar será urbanizada por la Administración autonómica como un jardín para que no se convierta en un solar que enciende de nuevo la protesta de los vecinos del barrio de Arroyo del Moro.
El reparto físico del terreno tendrá que realizarse a cargo de una comisión técnica. Ese grupo de trabajo será convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y segregará la parcela correspondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social, que perderá su uso sanitario y se devolverá a la Administración Central del Estado. Este grupo de trabajo tiene ante sí “un periodo razonable” de seis meses de trabajo más otros 30 días para la rúbrica del acuerdo. Sólo entonces, y pasado un plazo para la inscripción registral de las parcelas, el Ministerio de Trabajo dará su permiso para el derribo definitivo del inmueble tal y como reclama el conjunto de la sociedad cordobesa.
Esta es una garantía que se reserva la Administración Central del Estado para que se llegue a un acuerdo que satisfaga sus intereses. El pacto se rubricó con la presencia de los responsables de patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Servicio Andaluz de Salud. Se trata de un consenso de mínimos que elude la primera oferta, que consistía en que la Junta de Andalucía se lo quedaba todo y el Ayuntamiento compensaba a la Tesorería con una parcela ajena.
En cualquier caso, la demolición de Noreña no se llevará a cabo antes de las elecciones autonómicas y generales. El PSOE consigue que se visualice que trabaja en la antigua residencia sanitaria para la construcción de un centro de salud. Mientras tanto, el Partido Popular puede presentar un documento que permita eludir las críticas de que está bloqueando una mejora en los equipamientos ciudadanos por motivos electoralistas. El acuerdo permite a las instituciones que se afloje la presión sobre este asunto una vez que comience la retirada del amianto.
Tal es la importancia del asunto que las direcciones del Partido Popular y del Partido Socialista mantuvieron una reunión el miércoles para abordar este problema. Según la presidenta del PP provincial, María Jesús Botella, en ese encuentro se pusieron las bases de la reunión institucional y se llegó al acuerdo de repartir suelo entre las instituciones. “Es muy importante que los dos partidos mayoritarios lleguemos a este tipode acuerdos en una ciudad gestionada por IU”, afirmó Botella.
“Hemos estado callados pero no quietos”, dijo la máxima responsable del PP provincial. La dirigente popular reclamó que los políticos lleguen a acuerdos y no se conviertan en rémoras para el progreso de la ciudad. El portavoz socialista, Antonio Hurtado, saludó el acuerdo y afirmó que se trata de un camino para solventar de forma definitiva el problema. “La descontaminación es un paso irreversible”, dijo el portavoz del PSOE.
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