El pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la toma en consideración de una proposición de Ley derivada de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por UGT, con más de 600.000 firmas de respaldo, en defensa de la mejora de la calidad y estabilidad del empleo y la seguridad laboral, y que PSOE e IU ya han anunciado que apoyarán “con entusiasmo”, informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
La propuesta de UGT contiene un nuevo enfoque de la seguridad en el trabajo porque pretende rebajar el número de accidentes laborales reduciendo “drásticamente” la precariedad laboral.
La iniciativa introduce modificaciones legales para superar la reforma laboral del Gobierno de 2001, avanzar en la estabilidad en el empleo, reforzar la seguridad en el trabajo e implantar la jornada de 35 horas en los sectores de alto riesgo. Así, esta ILP prevé cambios en la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores, La Ley de Infracciones del Orden Social, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras normativas.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Política Social y Empleo del PSOE, Ramón Jáuregui, explicó que su formación votará a favor de la toma en consideración de la propuesta al estar “cargada de oportunidad política y tener un plus de legitimidad social”, motivo por el que pedirán también el apoyo del PP.
A su juicio, tres razones justifican la “máxima oportunidad” de la iniciativa. En primer lugar, por la grave tasa de temporalidad que sufre el mercado laboral español (el triple que la media europea) y el alto grado de siniestralidad, con cinco muertes por día laborable al año.
En segundo lugar, por el “fracaso” de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo en marzo de 2001 con la idea de impulsar la estabilidad en el empleo y que, a su juicio, casi dos años después, “no ha mejorado nada en absoluto”. Y, en tercer lugar, porque las propuestas de UGT son “estimables técnicamente” al, por ejemplo, recuperar la causalidad en la contratación temporal, incluir reformas para evitar fraudes y abusos de ley en el encadenamiento de contratos o el mal uso de los contratos de formación, y al proponer fórmulas para establecer responsabilidades en los casos de subcontratación.
Además, subrayó que la ILP tiene la legitimidad añadida de partir de un sindicato y ser la consecuencia de un “amplio esfuerzo” de recogida de firmas entre los ciudadanos. Asimismo, Jáuregui adelantó que durante el debate del martes propondrá que, si se decide tramitar en el Parlamento la propuesta, el Congreso cree una Ponencia de estudio que proponga medidas contra las “anomalías” del actual mercado laboral en España, que posteriomente se incorporarían a la ILP vía enmiendas.
Su idea es que en esta Ponencia participen expertos (en especial del Consejo Económico y Social) y representantes de los agentes sociales, con la intención de escuchar, en especial, las propuestas del otro gran sindicato (CC.OO.) y de los empresarios. “Nadie entendería que una iniciativa con esta oportunidad y legitimidad fuera rechazada por el Congreso de los Diputados”, advirtió.
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