La Comisión Europea se dispone a suavizar la normativa que regula la duración máxima de la jornada laboral y establece estándares mínimos para el reposo y el cuidado de la salud de los trabajadores europeos, ante la evidencia de que, diez años después de su adopción, los Estados miembros no la acatan “de manera satisfactoria”. Bruselas mantendrá consultas con los Gobiernos nacionales y actores sociales, y lanzará una propuesta de reforma a partir del próximo 31 de marzo.
La Directiva sobre jornada laboral, aprobada en noviembre de 2003, busca prevenir los efectos nocivos sobre la salud del trabajador que causan un horario excesivo, la insuficiencia de pausas de reposo o una mala organización del trabajo. Además, aspira a mejorar la productividad de la economía europea y a posibilitar la conciliación entre vida profesional y familiar.
Con estos fines, la norma establece estándares mínimos de obligado cumplimiento, al menos en teoría, para los Estados miembros de la Unión. Así, fija un máximo de 48 horas por semanas para la jornada laboral media, incluyendo horas extras; prevé un descanso obligatorio de un día por semana trabajada y vacaciones pagadas de cuatro semanas al año.
Asimismo, contempla un receso de al menos once horas al día; prohibe trabajar más de ocho horas en horario nocturno y obliga a realizar una pausa de reposo cuando se superen las seis horas consecutivas de faena.
Diez años después de su promulgación, la Comisión Europea ha analizado el grado de cumplimiento en el conjunto de mercados laborales de la UE. Las conclusiones “no son muy satisfactorias”, según reconoció hoy la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou.
En primer lugar, sólo cuatro Estados miembros -Portugal, Irlanda, Grecia y Reino Unido- respetan la provisión de que el tiempo medio de trabajo semanal se calcule en función de periodos de referencia de cuatro meses -o de doce meses, si así lo estipula el convenio colectivo de los trabajadores de una empresas determinada-.
Además, los socios comunitarios tienden a acogerse de manera generalizada a una cláusula que permite a las empresas soslayar los estándares de la norma, siempre que cada trabajador así lo asuma de manera individual, libre y voluntaria.
Reino Unido fue el primero en negociar y aplicar esta puerta de atrás. En la actualidad, el 16 por ciento de sus trabajadores -cerca de cuatro millones de personas- trabajan más de 48 horas semanales, una cifra superior a la que registraba al principio de los años noventa (15 por ciento de los trabajadores, 3,3 millones de personas).
Diamantopoulou, que consideró “preocupantes” estas cifras, advirtió de que un horario excesivo suele repercutir sobre la salud del empleado, y sostuvo además que una mayor flexibilidad laboral no va ligada necesariamente “al crecimiento del PIB”.
El estudio de la Comisión también constata que las garantías previstas por la Directiva para esta cláusula de renuncia no siempre se respetan. En particular, alerta de que el trabajador se ve obligado con frecuencia a firmar la renuncia al mismo tiempo que el contrato de trabajo, lo que “limita su libertad de opción”.
No obstante, la comisaria admitió la necesidad de adaptar los estándares mínimos en materia de horarios, a las necesidades específicas de sectores como la Salud, en el que Francia ya aplica una cláusula de renuncia a las prerrogativas de la Directiva, mientras que España, Países Bajos y Alemania se disponen a hacer lo mismo. Por su parte, Luxemburgo permite la renuncia en el sector de la hostelería.
Definir la jornada laboral
Por otro lado, Bruselas no está satisfecha con la definición de jornada laboral que prevé la directiva: “cualquier periodo durante el cual el trabajador está trabajando a disposición del empleador y realizando sus tareas en de acuerdo a la legislación o a las prácticas de cada país”.
Diamantopoulou abogó por encontrar una fórmula “mejor” para evitar que, “como ocurre hoy, un marco legislativo flexible se transforme en una fuente de complicaciones inútiles”. Particularmente, apostó por adecuarla a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE al respecto.
Así las cosas, la Comisión Europea ha optado por promover una revisión de la Directiva, al objeto de hacerla “más flexible” y “adecuada a las necesidades de la economía” y de permitir que los Estados miembros puedan cumplirla “más fácilmente”, explicó la comisaria.
Desde ahora y hasta el próximo 31 de marzo, Bruselas recibirá y analizará las aportaciones de gobiernos, actores sociales y otras partes interesadas en torno a cinco cuestiones claves: duración de los periodos de referencia; definición de tiempo de trabajo; condiciones para la cláusula de renuncia; equilibrio entre vida profesional y familiar; y equilibrio general de la norma.
Diamantopoulou adelantó que la propuesta formal podría llegar en torno al próximo otoño.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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