El Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra ha impuesto multas de entre 1.200 y 3.600 euros al representante legal de una empresa de trabajo temporal, Carlos Garrido Dorronsoro, y a los responsables de un aserradero de granito ponteareano -Jesús José Herranz Areal; Arturo Iglesias García; Constantino Carrera Carrera; Rafael Alonso Rodríguez; y Antonio Otero Saura- por la muerte de un operario en julio de 1999.
A mayores, la sala impuso a los procesados el pago de casi 66.000 euros a la mujer del fallecido en concepto de indemnización, así como el abono de más de 25.000 euros a cada uno de sus dos hijos.
En su sentencia, el tribunal considera probado que, el 27 de julio de 1999, el operario hizo caso omiso de las advertencias dadas por sus superiores para abrir un hueco entre dos planchas de granito. De tal modo que, el día de los hechos, un bloque de piedra le cayó encima del tórax provocándole la muerte por aplastamiento.
Defectos de forma
Sostiene, asimismo, que el aserradero carecía «de la evaluación formal de riesgos laborales», ni «había elaborado de forma adecuada la documentación relativa a las obligaciones en materia preventiva». No obstante, la empresa «sí disponía de medios materiales para desarrollar el trabajo sin riesgo para la vida o integridad del operario».
Es más, el tribunal señala que los medios dispuestos por la compañía «constituían un avance en la prevención de riesgos, pues no los tenían la mayoría de las empresas del sector que, en la fecha de acontecer el accidente carecían igualmente de planes de evaluación de riesgos». Estas circunstancias motivaron que la sala absolviese a los procesados de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un homicidio imprudente, y, en cambio, sí los condenara por una imprudencia leve con resultado de muerte.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
