Los Servicios Jurídicos de CC.OO. han acordado personarse en todos los procesos de trabajadores afectados por enfermedades relacionadas por la exposición al amianto, así como querellarse contra la propia Administración General del Estado, como responsable subsidiaria, de los daños sufridos por diversos colectivos de la población, informó hoy el sindicato.
Según explicó, esta decisión obedece a la negativa de la Administración del Estado a adoptar una serie de medidas sociales y económicas que palien los efectos de la exposición y prohibición del amianto.
En su opinión, la Administración está incurriendo en una “grave irresponsabilidad” al no tomar las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores expuestos a este material. En este sentido, recordó que más de 50.000 personas van a verse afectadas por cánceres de pleura, pulmón y peritoneo de aquí al 2030.
Por todo ello, la organización que dirige José María Fidalgo exigió al Ejecutivo, en la reunión celebrada por la Comisión Nacional de Salud y Seguridad, la puesta en marcha de un plan de ayudas e indemnizaciones a las víctimas del amianto, el establecimiento de un programa de vigilancia de la salud de las poblaciones afectadas, así como un mayor control sobre el amianto empleado en los edificios y sobre los productos que contengan este material.
En este sentido, CC.OO. exigió la prohibición de venta de coches matriculados antes de 1998, por entender que en zapatas, frenos y embragues contiene amianto.
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