José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.), dijo ayer que el sindicato preveía que el Gobierno tuviera que pagar por “situaciones injustas” derivadas del ejercicio de la recién constituida comisión de bajas. Barroso explicó que además de todas las personas a las que se les denegó la continuidad de la ayuda, también podrían reclamar aquellos a los que se les hubiera aprobado, pero tras dos meses de espera para someterse a la citada comisión.
En rueda de prensa, los representantes de CC.OO., junto con los de la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria (ASOCIAS), informaron de que habían presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que establecía la creación de esta comisión.
Cuando un funcionario está de baja, el 75% de su sueldo lo abona la Seguridad Social, mientras que el 25% restante lo completa la Administración pública. Desde que se publicó el decreto 35/2010 esta situación ha cambiado. A partir de los tres meses de baja, el trabajador se ve directamente privado de ese 25% y, si quiere recuperarlo, tiene que someterse a la citada comisión de bajas.
Tanto CC.OO. como ASOCIAS advirtieron ayer de que esta comisión vulneraba derechos tan arraigados como “la protección a la mujer embarazada” y afectaba incluso a bajas causadas por accidentes laborales. Coincidieron en calificar la medida de “injusta”, “ilegal y discriminatoria”. Además, aseguraron que esta comisión de bajas se rige por criterios “arbitrarios” y “premia” a los trabajadores que más bajas han tenido, lo que demuestra su “ineficacia”, añadieron.
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