El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció que la Secretaría de Estado de Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud firmarán en breve un protocolo específico para que los trabajadores afectados por la exposición a radiaciones ionizantes de la Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén) puedan solicitar reconocimientos médicos para que se les decrete enfermedad profesional. Además, aseguró que estos afectados recibirán compensación económica “en poco tiempo” y defendió la atención sanitaria que les ha prestado la Junta de Andalucía.
Caldera realizaba este anuncio durante una interpelación del Grupo de Izquierda Verde (IU-ICV) en el Congreso de los Diputados, mediante la cual el diputado Ángel Pérez le pidió explicaciones sobre la atención médica a los trabajadores, la declaración de causa-efecto para decretar enfermedad profesional y su consiguiente reconocimiento de derechos económicos y sociales.
El ministro de Trabajo dijo haber seguido “con interés” este caso y la “grave situación” de los ya jubilados trabajadores de la Fábrica de Andújar, destacando que en todo momento se han ejecutado acciones en defensa de sus intereses que “ha llevado a situación mejor para ellos”.
Así, recordó que los afectados, tal y como solicitaron, han recibido la asistencia sanitaria de la Junta de Andalucía, cuya “sensibilidad” aprovechó para agradecer, motivo que le llevó a afirmar que desde ese punto de vista, la atención a los trabajadores ha sido “correcta” ante la “hipotética y probable exposición a radiaciones”.
Igualmente, Caldera dijo tener constancia de que los afectados han solicitado una reparación económica para compensar las condiciones en las que se vieron obligados a trabajar. Aunque aseguró que tal medida no es competencia de su departamento, refirió que el expediente de responsabilidad patrimonial del Estado que la asociación de afectados ha presentado, y que compete al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Educación, se resolverá en “poco tiempo”.
Confió por tanto en que las compensaciones económicas se resuelvan en el menor tiempo posible, y prometió que su departamento estará pendiente “en todo momento” de esta cuestión, colaborando en este objetivo con el Ministerio de Educación.
En tercer lugar, el titular de Trabajo se refirió a la consideración de enfermedad profesional para los afectados, como la “principal preocupación” en esta cuestión, recalcando que el problema a este respecto es la declaración causa-efecto entre la enfermedad y el trabajo desarrollado, a efectos de que las prestaciones económicas de compensación se puedan aplicar.
Aunque aseguró que la situación es “dolorosa”, dejó claro que el Gobierno no puede olvidar la legislación al respecto, y la prueba requerida para decretar enfermedad profesional es “especialmente dificultosa”.
Por ello, Caldera anunció, que tal y como se realizó con los casos de Hepatitis C en la Comunidad Valenciana, la Secretaría de Estado de Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud firmarán un protocolo específico para que los afectados puedan someterse a reconocimientos médicos que puedan determinar si en verdad los trabajadores están afectados de enfermedad profesional.
El ministro de Trabajo precisó por último que este protocolo ya se encuentra en trámite, y que una vez firmado, todos los reconocimientos médicos se harán de forma exhaustiva para ofrecer soluciones a los trabajadores afectados.
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