La Comisión Europea aprobó hoy dos propuestas de directivas en las que piden a los Estados miembros que se doten de estrategias para la gestión y enterramiento de residuos radiactivos, así como la adopción de obligaciones y principios generales para la seguridad en las instalaciones nucleares.
El Ejecutivo comunitario pretende en su directiva sobre residuos radiactivos que los Quince den “una respuesta clara y transparente en un plazo razonable” a la gestión de estos desechos que tienen que ser depositados en centros de almacenamiento provisionales. “La propuesta favorece el enterramiento geológico de los residuos de alta actividad, que es la técnica más segura en el estado actual de nuestros conocimientos”, reconoce la Comisión.
La propuesta obliga a los Estados a aprobar programas nacionales de almacenamiento de residuos radiactivos. La elección del emplazamiento del depósito nacional o regional deberá decidirse, a más tardar, en 2008 y el depósito deberá estar operativo en 2018 como fecha límite. Para los residuos de baja actividad y vida corta, el almacenamiento deberá hacerse antes de finales de este año.
En lo que se refiere a la seguridad en las centrales nucleares, la propuesta de la CE define las obligaciones y principios generales que se tienen que cumplir desde la concepción de las mismas hasta su definitivo desmantelamiento. Estas normas se establecerán basándose en las dispuestas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
El control comunitario se limitará a comprobar la manera en que los responsables nacionales de la seguridad desempeñen su misión y se basa en el principio del control ‘por iguales’: “no se trata de ir a comprobar in situ las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares sino, más bien, de verificar que existen unos sistemas de control nacionales efectivos”, indica la Comisión en un comunicado.
En lo que concierne especialmente al desmantelamiento de las instalaciones nucleares, el Ejecutivo comunitario define las normas comunitarias para la constitución, gestión y utilización de fondos de desmantelamiento, y que serían complementarios a los de la empresa explotadora de la central nuclear. “Estos fondos tienen que estar en condiciones de garantizar la disponibilidad de recursos adecuados para que las operaciones de desmantelamiento se efectúen en condiciones que protejan a la población y el medio ambiente de las radiaciones ionizantes”, concluye.
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