Cuatro años después de que el Gobierno andaluz aprobase el decreto para la creación de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, esta unidad responsable de la vigilancia de la salud y de la evaluación de las condiciones de trabajo de los 200.000 empleados de la Administración, no se ha dotado del personal necesario: sólo se ha cubierto el 12 por ciento de las plazas -19 trabajadores de una plantilla total de 159- cuya creación estaba prevista en el decreto 99/2002, aprobado en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el órgano responsable de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de la Administración mediante la realización de actuaciones como las revisiones médicas anuales -de carácter voluntario-, los planes de prevención, la evaluación de las condiciones de trabajo -incluye aspectos como la situación de los ordenadores o de las sillas- o los programas de información a los trabajadores. Su creación está recogida en el decreto autonómico 117/2000, aunque los puestos de trabajo se crearon dos años después por el decreto 99/2002 del Ejecutivo andaluz.
Este documento autonómico recoge el cambio de la denominación de los Centros de Seguridad e Higiene que pasan a denominarse Centros de Prevención de Riesgos Laborales -uno de los ejes del este servicio-. El decreto también modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Empleo para dotar de recursos humanos a esta unidad.
Dos años después, la Consejería de Administraciones Públicas sólo ha cubierto el 12 por ciento de las plazas creadas por el citado decreto. Concretamente, hay 140 puestos de trabajo pendientes de adjudicación, hecho que impide el correcto funcionamiento de este servicio que la Junta está obligada a prestar a todos sus trabajadores.
No obstante, pese a la falta de recursos humanos en estos años, se han dado algunos pasos para el desarrollo de este servicio. En agosto de 2003, una orden del Ejecutivo andaluz definía la estructuración de los Centros de Prevencón de Riesgos Laborales -creados un año antes-, órganos que, a nivel provincial, se encargan de velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Esta medida activó el decreto de 2000.
Con esta base, el 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales y autonómicas, el Servicio Andaluz de Salud daba un importante paso para regular la creación de esta unidad, dotada de unas características especiales en la Consejería de Salud. Ese día se publicó una orden autonómica, por la que el SAS constituyó las unidades de prevención en los centros asistenciales, sistema que se emplea en este área debido “a la especifidad organizativa y a los riesgos laborales existentes” en las dependencias sanitarias.
Con esta base, aunque sin personal suficiente, el servicio presenta el siguiente balance: 15 evaluaciones de riesgos laborales, 1.600 encuestas de información y 13.043 reconocimientos médicos, además de tres modelos generales que sirvan de base para los programas de prevención, para los planes de emergencia y para las actuaciones en información de riesgos. Un resumen escaso para una administración con una plantilla de más de 200.000 personas. En pruebas médicas, la cifra oficial sólo supone el seis por ciento del volumen de empleados de la Administración autonómica.
Todos los trabajadores de la Junta de Andalucía, tanto en las sedes centrales de Sevilla como en las delegaciones provinciales, se ven afectados por estas carencias, que han sido denunciadas en repetidas ocasiones por CCOO y que dependen de la Consejería de Administraciones Públicas, responsable de dotar a Empleo de los puestos de trabajo necesarios.
Según el secretario de Salud Laboral de CCOO, José Lagares, el sindictato se ha dirigido en repetidas ocasiones a la Inspección de Trabajo para exigir que tomasen medidas para obligar a la Administración a resolver esta situación. En 2003, la central sindical se dirigió a la Consejería de Economía y Hacienda para que destinase una partida para la incorporación de personal al servicio.
Pese a estos intentos, CCOO no ha obtenido un compromiso del Ejecutivo andaluz. El sindicato califica de “insuficientes” todos los pasos dados en estos años. “Este hecho es grave porque la Junta incumple algunos requisitos que exige a las empresas privadas”, subraya Lagares, en referencia a la obligatoriedad de disponer de este servicio en todas las empresas.
Ante los fracasados intentos de los últimos años, CCOO espera introducir este aspecto en la negociación del VI Acuerdo de Concertación que comenzará en los próximos meses, ya que debe cerrarse antes de la aprobación de los próximos presupuestos. Según Lagares, el sindicato confía en que el Gobierno andaluz se comprometa en este convenio a dotar de personal a esta unidad autonómica.
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