Según los datos oficiales existentes en el propio Ministerio de Trabajo e Inmigración, la decena de funcionarios que ejercen la labor fiscalizadora en materia laboral en la provincia de Almería han interpuesto, tan sólo en en primer semestre de año más de 800 sanciones por quebrantar la normativa estatal -casi el 13 por ciento del total autonómico-.
Las principales causas que han llevado a Trabajo a firmar actas de infracción son la Seguridad Social -ausencia de afiliación o irregularidades ligadas a la contratación laboral- y, en segundo lugar, quebrantar las normas existentes en materia de seguridad y salud laboral. En este caso, en seis meses se han interpuesto 146 sanciones (con 234 infracciones en el acta, puesto que una empresa puede incumplir varios preceptos legales a la vez).
Esto ha supuesto casi un millón de euros en multas. Concretamente 933.970,28 euros. Y en dichas empresas trabajaban más de mil empleados que han visto como donde trabajaban se incumplía la Ley.
Si alarmante es la cifra en cuanto a sanciones, más aún lo es en cuanto a requerimientos -se alerta a la empresa de un incumplimiento para que ésta pueda poner medidas, lo solvente y, tras fiscalizar que ésto es así, no se le multa-. En materia de seguridad y salud laboral, se han realizado en la provincia de Almería un total de 601 requerimientos por parte de la inspección.
Para poder alcanzar estas cifras en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la normativa por parte de las empresas, los inspectores de trabajo han tenido que emplearse a fondo. Concretamente han realizado 9.430 acciones y han certificado un total de 2.570 visitas a los centros de trabajo repartidos por toda la provincia.
Competencia compartida
Actualmente la Inspección de Trabajo es una competencia propia del Estado y, por lo tanto, son funcionarios estatales los que ejercen la labor de investigación del cumplimiento de la legislación laboral. No obstante, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que el funcionariado que ejerce la función inspectora pasará a depender de la Administración autonómica.
Lo que sí que depende directamente de la Junta es, igual que las políticas activas de empleo y los planes formativos para los desempleados, la prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. Actualmente esta labor cuenta con un foro de unión con los sindicatos: el Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales. Allí, los diferentes actores participantes de las relaciones laborales ponen en común sus experiencias y establecen, de conformidad con la Administración pública, las prioridades que son necesario potenciar en cada una de las anualidades y periodos.
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